Felipe Alzate y Simón Hernández son dos jóvenes abogados que, desde la fundación de su firma, Alzate Hernández, han ganado reconocimiento con la defensa de casos judiciales mediáticos.
Entre ellos se destacan los procesos al exalcalde de Cartagena William Dau, la presunta violación a la reclusa Andrea Valdés por parte de dos guardias del Inpec en la cárcel El Pedregal (Medellín) y el escándalo que salpica al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí.
Sin embargo, la representación legal que hacen se ha visto afectada en las últimas semanas luego de varias situaciones, ya denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, como graves amenazas en su contra que tienen en alerta su seguridad.
SEMANA conoció la denuncia que el pasado 9 de abril Simón Hernández y Felipe Alzate presentaron en la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas en su contra y que, de acuerdo con su argumentación, intentarían golpear la defensa que hacen de varias víctimas.
El caso que encendió las alarmas
En la denuncia de seis páginas que llegó a la Fiscalía, los juristas advirtieron que en la mañana del jueves 26 de marzo de 2026 una mujer que presta servicios generales para la oficina donde trabajan, en el norte de Bogotá, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alta gama para preguntarle “de manera insistente, si conocía la firma Alzate y Hernández Asociados”.
La mujer negó tener algún tipo de información, pero los hombres que la interceptaron le manifestaron que la conocían porque trabajaba en esa oficina. Esa situación la obligó a “continuar su camino” para salvaguardar su vida e integridad personal, dice la denuncia.
Sin embargo, los abogados Alzate y Hernández manifestaron que ese hecho “evidencia posibles labores de verificación, seguimiento o perfilamiento” sobre la firma de abogados y personas vinculadas a la oficina.
Diez días antes, los juristas también fueron alertados de un “acceso no autorizado” a una de sus cuentas asociadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), por lo que manifestaron “otro indicio de vulneración de información sensible”.
Los abogados también le pidieron a la Fiscalía verificar información de fuentes reservadas sobre unos supuestos intentos de infiltración a la oficina donde trabajan, pues habría una operación clandestina para obtener información interna sobre los procesos y las actividades personales que desarrollan.
La denuncia también alertó: “Todas estas situaciones (...) comenzaron a ocurrir desde que asumimos la representación de la señora Beatriz Niño en diversos procesos judiciales de connotación penal. Desde entonces, de manera progresiva, se han presentado seguimientos, amenazas, comportamientos irregulares y abiertamente hostiles dirigidos en nuestra contra“.
Ese caso tiene que ver con la denuncia que Niño hizo contra su expareja Daniel Garcés Carabalí, el entonces embajador de Colombia en Ghana, quien salió del cargo después de que fue señalado de presuntamente secuestrar a sus hijos y por hechos de violencia intrafamiliar.
Lo grave de esa situación es que la mujer que se atrevió a denunciar su agresor casi termina siendo imputada por el fiscal Napoleón Botache Díaz. Esa situación fue alertada y el caso pasó a manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Botache terminó interponiendo una queja disciplinaria contra la defensa de Beatriz Niño.
Más amenazas
Los abogados Alzate y Hernández también le alertaron a la Fiscalía que el 9 de diciembre del año pasado un integrante de la familia recibió la llamada de un hombre que en tono agresivo lanzó amenazas de muerte, le exigió que abandonara la ciudad y advirtió de consecuentes “letales” si no lo hacía.
Por eso la denuncia expone que “los hechos descritos, analizados en su conjunto, permiten advertir la existencia de un patrón progresivo y sistemático de intimidación, que ha evolucionado desde descalificaciones públicas hasta actos de seguimiento, amenazas directas, posibles infiltraciones y tentativas de acceso indebido a información“.