Ni el reciclaje se salvó de la corrupción en Colombia. La Fiscalía puso al descubierto un cartel que se alimenta de un falso proceso de recuperación de materiales. Lo más dramático es que la plata “embolsillada” sale del pago que mensualmente hacen los ciudadanos por servicios públicos y de aseo, también de los subsidios que entregan las alcaldías.
El esquema corrupto es simple, pero lucrativo. Solo en tres ciudades del departamento de Boyacá lograron sacarles a los ciudadanos y municipios más de 6.800 millones de pesos, en cobros que se hicieron a los operadores de servicios públicos a través de empresas fachada y facturación falsa.
El cartel del reciclaje funciona así: la ley permite que asociaciones de recicladores conformen empresas y se encarguen de la recolección, manejo, transporte y distribución del reciclaje. Estas empresas lo venden y presentan un listado de facturas a la Superintendencia de Servicios Públicos.
La entidad confirma las facturas y entrega un concepto favorable para hacer cobros a las empresas de aseo, privadas y públicas. Justamente en la mitad del proceso es donde está el “torcido”. Las asociaciones de recicladores, que crearon empresas conocidas como ECA (Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento), se inventaron unos socios comerciales para venderles el material aprovechable (reciclaje). Toneladas que aparecían en facturas y soportes, pero que nunca fueron recolectadas. Todo era falso.
Los supuestos socios comerciales son empresas fachada, que no existen, con bodegas inventadas, sedes ficticias y representantes legales que incluyeron hasta habitantes de calle. Eran los mismos que firmaban las facturas falsas presentadas a la Superintendencia, como soportes legales para hacer los recobros.
Bajo este diseño corrupto, a las empresas de servicios públicos y de aseo en los municipios de Duitama, Sogamoso y Tunja les cobraron casi 7.000 millones de pesos, según las evidencias recaudadas por la Fiscalía, tras una investigación de la seccional Boyacá.
Esta sería apenas la génesis del escándalo, pues la dinámica criminal se habría extendido por el país. La Fiscalía tiene audios, documentos, testimonios y soportes que advierten cómo la red corrupta pudo enquistarse en otras ciudades, incluso Bogotá. La falta de control de la Superintendencia a las ECA se convirtió en un tubo roto por donde se filtraron los pagos de los ciudadanos y los subsidios del Estado.
Cinco personas fueron capturadas luego de una investigación que está por destapar un escándalo nacional. Los representantes de las empresas, los socios y las personas que firmaron las facturas quedaron en el expediente. Los hallazgos rayan en el descaro.
Dos empresas, Ecovisionarios y Reciplanet, fueron objeto de investigación y sus representantes legales, capturados. Se trata de asociaciones de recicladores que, de acuerdo con la Fiscalía, se enriquecieron ilícitamente con el cobro por servicios ficticios, alteraron facturas, utilizaron a personas para firmar documentos y engañaron a los ciudadanos.
La investigación reveló que los representantes legales de las ECA no solo se inventaron empresas fachada para la venta del material aprovechable y generar facturas falsas, sino que pusieron en marcha una escena que incluía camiones, personal, bodegas y una mentirosa iniciativa popular escondida en una actividad legítima, como la economía circular.
Los capturados le aseguraban a la Superintendencia que tenían los espacios, funcionarios y vehículos para cumplir con la recolección del reciclaje, seleccionarlo y darle un nuevo uso al material aprovechable. La investigación reveló que era una farsa.
La Fiscalía tiene interceptaciones entre los protagonistas de este escándalo que demostrarían su presunta responsabilidad en el robo directo y descarado a los ciudadanos. Audios con la evidencia de un plan corrupto gestado bajo la promesa de ayudar al medioambiente.
Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron el seguimiento y la plena identificación de los representantes legales de las ECA. Los resultados se convirtieron en este escándalo en el que los conductores de camiones actuaban en supuestos recorridos por barrios para recoger el falso reciclaje, pero la realidad era muy distinta.
“Dentro de la vigilancia y seguimiento no cumplieron con la recolección en la ciudad de Tunja, como se observa en el formato de vigilancia, pues los vehículos estuvieron todo el día en el municipio de Sogamoso y nunca salieron con destino a Tunja”, señalan los informes de investigadores presentados en las audiencias.
Las supuestas bodegas que decían tener para almacenar y seleccionar el reciclaje tampoco existían o, de tenerlas, no cumplían con las características de metraje que advertían a la Superintendencia. Incluso, en las labores de seguimiento, los investigadores confirmaron que permanecían cerradas.
“Por parte de los vecinos del sector manifestaron que la mencionada empresa no ha prestado actividad ni tampoco han visto vehículos que ingresen o salgan, y tampoco brindan características de los vehículos objeto de la consulta”, señalan los informes.
La Fiscalía estableció que las dos empresas vinculadas utilizaron en buena parte de la facturación a dos personas cuyos registros sobre su ubicación, actividad y residencia resultaron igual de falsos que las facturas presentadas a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Las empresas Ecovisionarios y Reciplanet tenían como supuestas socias a dos mujeres que resultaron ser, una, cabeza de hogar registrada en el Sisbén en pobreza extrema y a la que la Alcaldía de Orocué, Casanare, le regaló una casa. La otra, una habitante de calle que utiliza el reciclaje como forma de sostener el consumo de estupefacientes.
Las dos “representantes”, por insólito que parezca, y de acuerdo con las facturas, pagaban más de 40 millones de pesos mensuales por reciclaje.
La mujer en pobreza extrema fue capturada; la otra, al parecer, no tenía idea de que su nombre aparecía en las facturas de este entramado corrupto. Los investigadores la buscaron y el reporte dejó una frase contundente de otro habitante de calle en el sector conocido como Río Chiquito de Sogamoso, Boyacá.
“Que sí la conocen. Que actualmente no trabaja, se encuentra en condición de habitante de calle y es consumidora de sustancias psicoactivas”, señaló un hombre entrevistado por los agentes del CTI.
La captura de los representantes legales de las empresas que, según la Fiscalía, estafaron a los municipios, es la primera fase de un proceso que incluirá a funcionarios de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo en la Superintendencia de Servicios Públicos, que debieron ejercer las verificaciones y el control correspondientes a las facturas presentadas por las ECA.
La investigación también puede enredar a funcionarios de las empresas de servicios públicos que hicieron las conciliaciones y aprobaron los millonarios pagos. La Fiscalía incluyó delitos como concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio, pues lograron acceder, de forma ilegal, a detalles de la investigación.