Patricia* ha esperado que las directivas de la Universidad del Rosario expulsen de la institución a Diego Alejandro Rivera, quien era su amigo y compañero de clases y quien, el pasado 13 de mayo, hace casi un año, la habría abusado sexualmente. La denuncia se interpuso ante la justicia y ante la universidad con pruebas que resultan irrefutables, pero en ambos scenarios ha sido revictimizada y no ha tenido respuestas.
Esa situación generó que Patricia y Enrique, su papá, sacaran fuerzas y decidieran tocar las puertas de SEMANA para hacer una nueva denuncia, esperando que por fin la justicia estuviera de su lado. Por eso se publicó el artículo “SEMANA revela la denuncia por violación de una estudiante de una prestigiosa universidad. La justicia y la institución la habrían revictimizado”.
Pero no fue así: con una acción de tutela, cuyo fallo se conoció esta semana, Diego Alejandro Rivera evitó su expulsión, como lo ha hecho durante todo este tiempo, mientras que Patricia tuvo que cambiarse de universidad para evitar tener que ver todos los días a su presunto victimario, quien la habría violado.
Lo peor del caso es que en la Universidad del Rosario, aunque en el papel tiene protocolos para manejar este tipo de casos, en esta ocasión fallaron según Patricia, Enrique, su papá, y la acción de tutela que le dio la razón al presunto victimario y que argumenta la tardanza de la Universidad del Rosario en tomar una decisión.
Luego de la denuncia no se tomó una decisión de fondo; los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y ya va casi un año en el que no se pudo concretar la expulsión de Rivera. Su último recurso puso sobre la mesa la responsabilidad de la prestigiosa universidad.
El lío en la U
Por tratarse de una violación, el caso debió manejarse con absoluta prioridad por parte de la Universidad y, en principio, el Equipo de Comprensión, Orientación, Recepción y Acompañamiento (CORA) le dio trámite.
Al tratarse de un hecho que comprometía Violencias Basadas en Género (VBG) y con base en pruebas que parecían irrefutables, como los chats en los que Patricia le reclamaba a Rivera por haberla violado y en los que el victimario apenas pedía perdón reconociendo los hechos, se tomó la decisión de expulsarlo.
Ahí se empieza a enredar la madeja y viene una serie de revictimizaciones en la universidad que hoy resultan inexplicables.
Rivera presentó un recurso de súplica, que según el abogado de la víctima no existe en el reglamento de la Universidad del Rosario y debió ser rechazado de inmediato. Sin embargo, fue admitido y pasó a una segunda instancia en la que, al parecer, durmió el sueño de los justos.
El 2 de octubre se había dado la decisión en primera instancia; pasó a segunda instancia en el comité de decanos, donde solo se tomó una decisión casi cinco meses después. Mientras tanto, Patricia esperaba que se hiciera justicia; ya la penal le había fallado, guardaba la esperanza de que en el Rosario le cumplieran.
En ese lapso de tiempo, además, le mintieron a Patricia y Enrique, su papá. La funcionaria Ximena Betancourt les afirmó que Rivera ya había sido expulsado.
Gracias a excompañeros de Patricia, se enteraron de que todo era falso; el presunto victimario seguía matriculado y se conoció de una grabación en el consultorio jurídico del Rosario.
Ese fue el argumento por el cual Patricia y Enrique se acercaron a SEMANA a denunciar. Desde la universidad reconocieron el error.
Finalmente, con el pasar de los meses, por fin, el comité de decanos tomó la decisión de expulsar a Rivera hasta el 24 de febrero. Esta inexplicable demora es el argumento por el cual hoy el victimario sigue matriculado, asistiendo a clase, gracias a una tutela que le ganó a la Universidad del Rosario.
Al ser expulsado por el comité de decanos, Rivera presentó una tutela y la acaba de ganar; el argumento, palabras más, palabras menos, es que la Universidad del Rosario se demoró tanto en tomar la decisión que el presunto victimario ya se había matriculado y llevaba más de tres semanas en clase.
Todo dio la vuelta: expulsarlo violaría sus derechos, mientras Patricia seguía esperando justicia, todo por las dilaciones que presentan como debido proceso.
Rivera fue notificado solo hasta el 6 de marzo, cuando ya estaba en clases, y así lo señala el fallo de tutela: “Se encuentra acreditado que el período académico correspondiente al primer semestre del año 2026 inició el día 26 de enero del mismo año, por lo que la notificación de la decisión sancionatoria ocurrió con posterioridad a las tres primeras semanas del calendario académico”.
Este argumento resultó demoledor y es el reglamento de la universidad el que le da la razón al presunto violador: “Por regla general, la sanción empezará a regir a partir del período académico siguiente al que quede en firme la decisión. Sin embargo, la sanción se puede aplicar desde el mismo semestre en que se notifique la decisión, siempre y cuando se produzca antes de transcurridas las tres primeras semanas del calendario académico”.
La decisión se tomó tarde, se notificó tarde, no tuvo la prioridad con la que debía contar una denuncia de este tipo, y Patricia, mientras estudia en otra universidad porque prefirió retirarse antes que tener que ver a su presunto victimario, observa cómo la impunidad se traduce en revictimización.
Los hechos
SEMANA ya había publicado un artículo con la denuncia de Patricia y todo lo que había pasado con la presunta violación, tanto en la universidad como en materia penal. Esta es la reconstrucción de los hechos que se presenta de nuevo para entender el viacrucis que ha enfrentado la víctima y la certeza de las pruebas.
Patricia habría sido supuestamente violada por Diego Alejandro Rivera en su apartamento en el centro de Bogotá, a donde llegaron juntos después de haber tomado unas cervezas. Adormecida e incapaz de responder, habría sido víctima de abuso sexual.
Ella le reclamó a Rivera por la presunta “violación” a través de mensajes de WhatsApp, en poder de SEMANA, en los que el joven solo le ofreció disculpas. Ella ha presentado pruebas en la universidad, en la Fiscalía y sigue esperando justicia, pese a las denuncias que presentó tan pronto ocurrieron los hechos.
Lo sucedido la llevó a ser hospitalizada durante tres días en la Clínica Universitaria Colombia, donde el diagnóstico, de acuerdo con la historia clínica, fue claro: “Abuso sexual”.
Los chats que conoció este medio dejarían claro que ella se negó a cualquier tipo de relación ese 13 de mayo, y que él la habría accedido por la fuerza.
Diego Rivera: Por favor, escríbeme cuando llegues.
Patricia: No. Te atienes a lo que me acabas de hacer; yo te dije a ti que tenía sueño, yo no podía ni sostenerme ni hablar.
El diálogo deja ver lo que se convirtió en el proceso penal por el cual fue imputado Rivera por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado. En palabras claras, Patricia le dice a su presunto victimario que la violó.
P.: Te atienes a que literalmente me violaste.
Diego, yo a ti nunca te dije que estaba bien. Nunca.
P.: Y te atienes a lo que le diga a Andrés de lo que pasó.
D.R.: Lo que hice estuvo muy mal, Patricia, perdóname. (…).
P.: Yo no podía ni moverme.
P.: Y tú solo decidiste seguir cogiéndome, aunque me quité.
D.R.: Fue un error, Patricia, lo reconozco, fue lo más idiota que he hecho nunca.
D.R.: No supe interpretarte, no supe interpretarte; por favor, perdóname, no quiero perderte, bonita. :(
P.: No. Alguien que me ama no me viola.
La Fiscalía también falló
Luego, con Enrique, su papá, y su mejor amigo, instauraron la denuncia en la URI de Paloquemao, donde la justicia también le dio la espalda. No le permitieron entrar acompañada; allí dio su crudo relato y se dirigió a la clínica. Al siguiente día, su papá fue a averiguar por la denuncia y no había rastro de ella. Molesto, advirtió que no se iba de la URI hasta que le dieran la claridad.
Finalmente, la fiscal Mónica Vergara, quien estaba a cargo, dijo que, ante el garrafal error, le iba a “ayudar” y ella misma iba a adelantar los actos urgentes. Patricia tuvo que contar de nuevo su tragedia.
SEMANA tiene la denuncia y en ella se lee: “Llegamos al apartamento, pero yo me sentía muy mal, estaba muy mareada, me recosté en la cama y me quedé dormida. Por momentos yo me despertaba y sentía a Diego tocándome el cuerpo por encima de la ropa; me tocaba el pecho y las piernas. Volvía a perder el conocimiento y, al volver en mí, ya lo tenía tocándome el cuerpo por debajo de la ropa, el pecho y el cuerpo en general”.
“Volví a perder la conciencia; por momentos él seguía tocándome y yo solo le decía que me dejara dormir. Paraba, esperaba a que me quedara dormida, seguía tocándome y me penetró vía vaginal. (…) Llorando le decía que a él le había valido nada que yo le dijera que no quería nada y estaba mal y aun así me hubiera penetrado. Él me pedía perdón, decía que lo sentía y que había malinterpretado las cosas”, se lee en la denuncia que coincide con los chats.
Las pruebas, la demoledora narración y las leyes obligaban a la fiscal Vergara a tomar acciones. A eso se comprometió con Patricia y con sus abogados, al punto de que afirmó que el presunto abusador sexual iba a ser imputado y pediría medida de aseguramiento. Pero eso no pasó. La fiscal Mónica Vergara imputó los cargos, pero no pidió la medida de aseguramiento. El asunto no fue menor: impactó a Patricia, quien, nuevamente victimizada, sacó fuerzas para reclamar por este hecho en un memorial.
“Me dirijo a su despacho para manifestarle que usted me falló el día de ayer, me engañó, me informó que iba a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, en ningún momento me dijo que iba a desistir de la misma, ya no le creo (…) tengo miedo, estoy asustada y no creo en sus palabras y ni en esa URI, donde embolataron mi denuncia”, se lee en la queja de Patricia.
La Universidad del Rosario responde
SEMANA se comunicó nuevamente con la Universidad del Rosario para preguntar por qué la afectación y la falta de decisiones rápidas y efectivas en el caso de Patricia, que terminaron beneficiando a su presunto victimario.
En su respuesta, la institución no aceptó ninguna responsabilidad: “No existe fundamento para afirmar que la institución haya contribuido, por acción u omisión, a agravar la situación de la persona denunciante (…) Es relevante señalar que, para el caso en mención, a la fecha, la Universidad ha emitido decisiones de fondo con un proceso sólido”.
Patricia lleva un año en vilo, buscando justicia y siendo revictimizada. Sobre este tema respondieron que “si bien entendemos que cualquier tiempo que transcurre con respecto a una denuncia puede significar revictimización, y que la persona afectada puede experimentar malestar emocional al esperar tiempos, percibir que su proceso no avanza con la celeridad y el nivel de prioridad que merece, y tener que revivir el evento durante el proceso, garantizar el conducto regular y el debido proceso, sin que se cometan errores jurídicos que lo invaliden, afianza que los pasos avanzados se constituyan en piezas sólidas que respalden las decisiones y, en esa medida, una acción justa”.
Incluso en la respuesta le dan validez al mecanismo excepcional de “recurso de súplica” al que le dieron vía libre, que prolongó la espera que se constituyó en el argumento para que le tutelaran los “derechos” a Rivera.
“El Reglamento Disciplinario regular de la Universidad contempla un recurso extraordinario denominado ‘recurso de súplica’, el cual está conformado por decanos que no tengan conocimiento del proceso previo, quienes nuevamente analizan el caso y avanzan con una decisión de fondo. Este recurso regularmente no es una instancia dispuesta para el Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación, pero eventualmente puede considerarse”, explicaron desde la Universidad del Rosario.
Finalmente, justifican la tardanza en temas de protocolos y términos que dejan de lado la prioridad implícita en caso de violación: “El tiempo transcurrido entre la notificación de la decisión final y su materialización, que incluyó la coordinación entre dependencias y el registro en sistemas institucionales, no constituyó inactividad, sino gestión administrativa necesaria, desarrollada además en paralelo con una acción de tutela interpuesta por el estudiante investigado, a la cual la universidad se opuso oportunamente”.
Luego de publicada la denuncia el 18 de abril, la Universidad del Rosario envió un correo masivo a los estudiantes que conoció SEMANA (ver imagen arriba). En él se repiten los mismos argumentos: que hay instancias, debido proceso, recursos que pueden interponer los implicados, “lo cual incide en los tiempos del proceso y exige una actuación rigurosa”. Estos argumentos, para Patricia, no tienen justificación alguna.
*Nombre cambiado para proteger a la víctima.