Andrés Afanador Villamizar, uno de los 30 demandantes contra el aumento del salario mínimo, le pidió al Consejo de Estado que suspenda el nuevo decreto que expidió el Gobierno Petro para aumentar el salario mínimo en Colombia, después de que la resolución que ordenaba el incremento del 23 % fue suspendida de manera provisional por la justicia.
En medio de ese proceso que avanza contra esa decisión que tomó el Gobierno Petro por decreto, uno de los demandantes le solicitó a ese alto tribunal: “Solicitó la suspensión inmediata de los efectos del Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, al amparo de lo preceptuado en el artículo 238 del CPACA (Código de Procedimiento de los Contencioso Administrativo)”.
El demandante Afanador Villamizar argumentó en su petición que el nuevo acto administrativo que expidió el Gobierno nacional por orden del Consejo de Estado constituye una “flagrante reproducción material del Decreto 1469 de 2025″, el cual se encuentra suspendido en la actualidad y, para el jurista, eso se “configura un fraude a la resolución judicial”.
Es decir, según el accionante, el nuevo decreto expedido por el Gobierno Petro habría sido expedido con las mismas vulneraciones técnicas y supuestas violaciones a las normas legales que encontró el Consejo de Estado en el primer decreto que terminó con sus efectos suspendidos provisionalmente hasta que se tome una decisión de fondo.
Con esa nueva solicitud de suspender un segundo decreto que aumentó el salario mínimo, el magistrado Juan Camilo Morales, ponente del primer acto, remitió un segundo cuaderno de medidas cautelares al despacho de su colega Jorge Iván Duque Gutiérrez para que decida el recurso.
Por eso, la decisión fijó: “Correr traslado por cinco (5) días de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0159 de 2026, expedidos por los ministros del Trabajo (Antonio Sanguino) y de Hacienda (Germán Ávila) en el marco de la medida cautelar ordenada por este despacho en el numeral tercero del auto del 12 de febrero de 2026”.
El Consejo de Estado también reconoció a través de esta decisión al Ministerio de Salud, a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a la Defensoría del Pueblo y a varios ciudadanos particulares para que intervengan a favor del Gobierno en este proceso que genera tensiones políticas.