Un verdadero negocio era el que tenía tres policías en el departamento de Cauca con las motos reportadas como robadas y que en distintos operativos eran recuperadas. Un mayor y dos patrulleras montaron un “concesionario de motos hurtadas”, vehículos que, con la ayuda de un particular, terminaban comercializados ilegalmente.
Mientras los propietarios de motos hurtadas en distintas partes del país esperaban noticias de la recuperación de sus vehículos, en el municipio de Tambo, departamento de Cauca, donde por razones de orden público iban a parar la mayoría de esas motos robadas, los policías las estaban vendiendo.
Así lo reveló una investigación de la Fiscalía que advierte la forma en que tres policías, un mayor y dos patrulleras, se convirtieron en dueños de un improvisado concesionario que ofrecía motos, sin papeles y con reportes por hurto. En otras palabras, en lugar de darle la buena noticia de la recuperación de la moto, los policías las vendían.
“Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, a las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, y al particular Yecid Castro Rojas, por su presunta participación en el hurto de vehículos que estaban en custodia de la estación de policía de El Tambo (Cauca)”, señaló la Fiscalía.
Un hecho en particular quedó registrado en el curso de la investigación tras un operativo que se adelantó en vías del departamento del Cauca y donde fueron incautadas 10 motocicletas reportadas como robadas; sin embargo, el procedimiento nunca se completó y permitieron que particulares ingresaran al parqueadero de la estación de policía y sacaran las motocicletas.
La Fiscalía logró determinar de qué forma el oficial y las patrulleras definieron roles para permitir el cambio de guardia, extraer las motocicletas y, además, evitar los registros en las minutas con el único propósito de favorecer el plan criminal, que básicamente era sustraer las motos y venderlas.
“Ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano. Entre tanto, Joaqui Zúñiga, quien se desempeñaba como secretaria, es señalada de favorecer el ingreso de personal externo, el 18 de enero, para que retiraran los vehículos”, señaló el ente acusador.
Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.