El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, ofreció excusas públicas por haber avalado la entrega de dos títulos universitarios a Juliana Guerrero.
Esto, pese a que la joven nunca había visto una sola clase y mucho menos presentado algún examen para la aprobación de los cursos, como es exigido.
En medio de la audiencia en la que se conoció la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General, Gutiérrez Martínez —con la voz entrecortada— señaló que se arrepentía por haber permitido la entrega de estos títulos en julio de 2025.
“Realmente desde mi sentir personal, profesional y ético, ofrezco unas excusas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria por una mala decisión que condujo a una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica”, señaló.
El exsecretario general consideró que su actuar ha afectado considerablemente el buen nombre de la institución, así como de las personas que ahí laboran, además de profesores, estudiantes y egresados. “No tuve la reflexión suficiente y lamentablemente violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”.
“Con todo el sentimiento le ofrezco disculpas a todos por este acto y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una decisión puede afectar la estabilidad familiar, personal y profesional. Generalmente no saben lo que esto ha conllevado para mi vida y mi actuar profesional. Ha tenido un costo bastante alto”.
Igualmente, le envió un mensaje a su familia, amigos y personas que lo han acompañado en este proceso penal.
“Espero que los 100 mil estudiantes que pude acompañar en un proceso y una carrera de 30 años entiendan que, a veces, en la vida hay que reflexionar un poco sobre las decisiones que tomen”, concluyó.
En la tarde de este jueves 20 de agosto, el juez 46 de conocimiento de Bogotá dará a conocer su decisión. Es decir, si acepta o no el preacuerdo firmado entre el exsecretario general de la Fundación y la Fiscalía.
En la negociación se pactó una pena de 36 meses de prisión, es decir 3 años, y la inhabilidad de 46 meses para ejercer cargos y funciones públicas.
En los próximos días se fijará una nueva fecha para la formalización del escrito de acusación en contra de Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
Esto después que se defensa solicitara a última hora la reprogramación de la audiencia.