El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga le respondió a SEMANA sobre la grave denuncia que lo salpica con supuestas actividades irregularidades que involucrarían una auditoria de la Contraloría General de la República y la Sociedad de Activos Especiales.
Esta revista tiene en su poder varios chats que reflejan la conversación que Zuluaga sostuvo con Del Río, quien era asesor de la SAE y también su abogado en asuntos penales, hablando sobre un negocio que involucraría 20 camionetas de la SAE y un aplazamiento a una auditoria que tenía programada la Contraloría a esa entidad.
Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel Del Río, señaló: “El vicecontralor le pide a Miguel que gestione 20 camionetas (Prado) con Sebastián Caballero. En contraprestación aplaza una auditoria que tenía que hacer la SAE”. Esa grave denuncia puso a responder a Zuluaga.
Esta es la respuesta oficial del vicecontralor general:
Tal como se registra en las comunicaciones oficiales que adjunto a esta respuesta, el hecho al que hace referencia en su pregunta, es un asunto tramitado de manera formal y oficial entre la CGR y la SAE. Y obedece a la naturaleza de cooperación interinstitucional a la que son objeto los bienes inmuebles administrados por la SAE, para con las entidades públicas, así como para ciudadanos, víctimas y organizaciones sociales o comunitarias.
La solicitud oficial de vehículos, nunca se materializó, por respuesta negativa de la SAE.
Sin embargo, cabe señalar que la SAE, ha entregado a la CGR mediante la figura de destinación provisional vehículos para el servicio de la entidad en los años 2019, 2020, 2022 y Tenemos a la fecha 28 vehículos.
A partir del año 2019 ( 4 años antes de iniciar esta administración), ha entregado a la Contraloria más de 28 vehículos, todos antes de nuestro periodo y en otros casos ha realizado cambios.
El doctor Miguel Ángel del Río es uno de mis tres abogados en asuntos penales, y en su momento se desempeñó como asesor de la SAE, razón por la cual, le comenté que se había hecho esa solicitud.
En cuanto a la solicitud de la SAE para que se concediera prórroga del término para contestar una observación de una auditoria, es un hecho común y corriente al que tienen derecho todos los sujetos vigilados, y el mecanismo está establecido en la guía de auditoría para garantizar el derecho al debido proceso y la contradicción. Al cierre de la programación semestral de auditorías es un mecanismo al que recurren casi todas las entidades cuando requieren ampliar o consolidar la información que van a suministrar a los equipos auditores.