SEMANA conoció que el magistrado Carlos Camargo, ponente de este proceso, presentó una ponencia a sus demás colegas de la Sala Plena de la Corte Constitucional, para definir la suerte que le depara al memorando de entendimiento que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la zona binacional entre Colombia y Venezuela.
Camargo, quien fue defensor del Pueblo durante la administración del expresidente Iván Duque, entregó su ponencia para que sus colegas de la Sala Plena puedan analizarla y debatirla este miércoles 15 de julio, día en que la Corte Constitucional se ha agendado para decidir sobre esa iniciativa del Gobierno saliente.
Esta revista conoció que parte de esa ponencia de Carlos Camargo pediría tramitar dicha declaratoria a través del Congreso de la República, teniendo en cuenta que la iniciativa del actual Gobierno comprometió la soberanía, el territorio y las relaciones exteriores. Por eso la Constitución exige que ese tipo de tratados internacionales sean tramitados mediante un proyecto de ley a través del Congreso.
Una de las principales discusiones que se habrían dado alrededor de este proyecto de ponencia fue el nombre de “memorando de entendimiento” que le dio el Gobierno Petro a la resolución que estableció la zona económica especial entre los dos países.
Sin embargo, el análisis jurídico habría concluido que dicho memorando tendría todas las similitudes a un tratado internacional, por ende, la instancia competente para ese tipo de trámites es el Congreso de la República. Esa situación habría llevado al magistrado Camargo a pedir que dicho acuerdo sea tramitado como un proyecto de ley.
Fuentes dentro de este proceso consultadas por SEMANA confirmaron que dicha ponencia también propondría dejar sin efectos jurídicos el memorando de entendimiento que se activó a mediados del año pasado, hasta que se tome una decisión de fondo frente a este proceso que creó la zona binacional entre Colombia y Venezuela.
Si los magistrados de la Sala Plena aceptan esa proposición, el memorando se quedaría sin efectos para impulsar la diversificación productiva y fomentar el desarrollo económico inclusive y sostenible entre los dos países, según explicó el Gobierno de Gustavo Petro.