La energía eléctrica en el Caribe colombiano es la cruz que millones de habitantes en Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar tienen que cargar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se vendió en la campaña como una oportunidad para salir de la crisis en medio de esta deuda histórica que hay con la Costa. Hoy, a pocos meses del final de este gobierno, expertos, líderes de usuarios y gremios del sector ven como “deprimente” lo que ocurre con este complejo panorama.
La intervención de la empresa Air-e, por parte del Gobierno nacional, agrava la crisis en Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde comercializan la energía. El tema sigue siendo muy controversial y ha generado tensiones políticas en diferentes orillas.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, precisó que, aunque la situación energética del Caribe no es nueva, con las intervenciones negligentes del actual gobierno hubo un agravante.
“En la región Caribe tenemos una problemática del sector eléctrico que lleva varios lustros y décadas. Creemos que la crisis viene desde hace unos 30 años. Aquí antes teníamos una empresa industrial y comercial del Estado, Corelca, una especie de EPM de Medellín en la Costa Caribe. Pero en los años noventa los gobiernos decidieron debilitarla y liquidarla. Eso fue un golpe muy duro para la región”, explicó.
El líder precisó que luego de la liquidación de Corelca estuvo una empresa española que fue Unión Fenosa con Electricaribe, este comercializador de término intervenido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tras su quiebra. Después, en el gobierno de Iván Duque, la compañía la dividieron en dos: Air-e y Afinia. Alarcón insiste en que esta solución fue peor que el problema que ya tenían.
“Estos seis años que se están cumpliendo muestran que fue peor el remedio que la enfermedad. Y la cosa se agravó desde que el gobierno actual intervino Air-e hace más de un año y medio. En todo este tiempo el Gobierno no le ha inyectado un solo peso a la empresa. Hoy el mismo viceministro de Minas dice que Air-e está en cuidados intensivos, está en UCI. Eso demuestra el fracaso del gobierno Petro en el tratamiento del sector eléctrico de la región Caribe”, afirmó.
Lo que ha llamado poderosamente la atención es que, en año y medio de intervención de la empresa Air-e, ya son cinco los interventores, mientras se agravan las molestias en el servicio y sobre todo el malestar entre los usuarios.
“Eso tiene una palabra: falta de voluntad política. El doctor Petro no ha tenido voluntad política para ayudar a la región Caribe. El balance del sector eléctrico en estos cuatro años es deprimente”, sostuvo Alarcón.
De igual forma, indicó que el panorama actual de la compañía intervenida por el Gobierno nacional es desalentador: “El mismo sindicato de la empresa, afín al Gobierno, reveló cifras escalofriantes. El recaudo está apenas en el 73 %. Las pérdidas eléctricas son las mayores del país, con un 31 %. Es decir, de cada 100 % de energía que llega, el 31 % se pierde por una infraestructura obsoleta. En la Costa tenemos la infraestructura eléctrica más atrasada del país y el doctor Petro la va a entregar todavía más atrasada”.
De acuerdo con Alarcón, la subnormalidad eléctrica concentra el 92 % de todo el país en la Costa Caribe; está aumentando un 5 % anual. Eso significa que durante los cuatro años del doctor Petro puede haber aumentado un 20 %. Eso demuestra otro fracaso de la política energética del Gobierno.
El tema económico de la empresa es otro de los lunares que preocupa al sector energético. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), indicó que las deudas de esta compañía subieron luego de la intervención.
“La situación en el Caribe no es fácil, es compleja. Cuando la Superintendencia tomó posesión de Air-e, había una deuda cercana a 550.000 millones de pesos con el sector eléctrico. Esas deudas quedaron en cero con la intervención. Pero después de 22 meses, las obligaciones ya son de 2,2 billones de pesos”, explicó.
A las generadoras térmicas de la región también les adeudan una cifra alta, lo que también lleva a una situación preocupante.
“Hacia la generación térmica, que está principalmente ubicada en el Caribe, Air-e ya debe 1,5 billones de pesos. Lo más preocupante es que el Gobierno no responde ni dice nada sobre eso. Tampoco la Superintendencia ha sido capaz de definir cuál será el esquema futuro de prestación del servicio”, afirmó.
Del mismo modo, Castañeda precisó que las actuaciones de carácter administrativo también han sembrado dudas por parte del gremio y de la misma ciudadanía que no ha evidenciado cambio alguno.
“No puede ser que después de casi dos años las deudas sean cinco veces superiores a las que tenían los accionistas anteriores. Eso refleja muy mal manejo o un desgreño administrativo. Además, no hay estados financieros claros de la compañía en estos dos años de intervención”, manifestó.
Desde Andeg señalaron que la intervención del Gobierno nacional a la empresa Air-e no se dio con la inyección económica necesaria para sacar a la compañía adelante.
“Cuando el Gobierno intervino Electricaribe en 2016 y 2017, puso a disposición cerca de 2 billones de pesos para garantizar la prestación del servicio y la compra de energía. Eso no lo hizo este gobierno y ahí se refleja el mal manejo”, aseguró.
Y es que las probabilidades del nuevo fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 en Colombia podrían incrementar la presión sobre el sistema eléctrico de la región.
Por su parte, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, explicó que, para solucionar esta problemática, no solo se debe cambiar de operadores para la comercialización de la energía.
“Esto ya se convirtió casi en un déjà vu. Llevamos cerca de 30 años donde han pasado diferentes operadores y seguimos con la misma gran dificultad. Se requiere una solución estructural”, afirmó.
Al tiempo, advirtió que deben tener en cuenta las condiciones sociales y económicas de la región para poder plantear una solución estructural.
“Hay que tener en cuenta la pobreza monetaria y la pobreza energética del Caribe. Los indicadores de empleo e ingresos están por debajo del promedio nacional y eso dificulta que los usuarios puedan asumir los costos de las facturas”, explicó.
También indicó que “si no hay un compromiso y una participación conjunta del Gobierno, de los territorios y de los usuarios, va a ser muy difícil sacar adelante el problema. Esto tiene muchas aristas y requiere soluciones estructurales”.
Sobre la billonaria deuda, dijo que es deber del Gobierno nacional hacerse responsable. “Se necesitan recursos urgentes para evitar problemas mayores en la operación”, afirmó.
Liliana Rada Faccio, quien reside en el norte centro histórico de Barranquilla, dijo que el servicio es inestable, aunque mes a mes paga su facturación a tiempo. Lo mismo se repite en ciudades como Santa Marta, Riohacha, Montería, Sincelejo y Valledupar.
“Nosotros vivimos en arriendo y cancelamos mes a mes lo que consumimos, pero por semana se nos puede ir el servicio de energía unas tres veces, lo que nos afecta con los electrodomésticos y también los quehaceres diarios. Uno vive como con una angustia de que no se nos dañen las cosas. Uno ha normalizado un servicio muy precario”, indicó.
También dijo que muchas veces han dejado de adquirir productos de la canasta básica familiar por pagar el servicio público que es muy costoso.
“Por ejemplo, en Barranquilla, esta semana las temperaturas han estado altísimas, con sensaciones térmicas de hasta 40 °C, lo que ha hecho que uno use más el aire acondicionado y los ventiladores. Eso se traduce en que habrá un incremento en el próximo mes en la facturación”, agregó.
La papa caliente le queda al próximo gobierno que asuma la Presidencia de la República de Colombia.