La Fiscalía General de la Nación dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que el concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, no aceptó los cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada por el que fue denunciado por su expareja sentimental Silvia Aragón Molina.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de agresiones contra su excompañera sentimental en hechos registrados en Barranquilla (Atlántico) entre 2023 y 2024, cuando vivían juntos”, detalló el ente investigador por medio de un comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, un fiscal le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, que no aceptó ante el Juzgado séptimo penal con funciones de control de garantías de Barranquilla.

“El hombre es señalado de ejercer violencia psicológica, económica y física contra la víctima. Ante las constantes agresiones, la mujer decidió separarse, pero las intimidaciones habrían continuado”, detalló la Fiscalía.

Alexis Castillo, concejal del Partido Conservador en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
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Asimismo, dieron a conocer que “en diciembre de 2024, el procesado, al parecer, agredió físicamente a la víctima en momentos en que ella se encontraba en su vivienda”.

Lo que conoció SEMANA es que el fiscal del caso pidió la justicia restaurativa, lo que implica que el cabildante deberá cumplir con ciertas medidas, entre ellas, someterse a un tratamiento psicológico, ofrecerle disculpas públicas a Silvia Aragón Molina, entre otras.

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, entrado a la URI. Foto: semana

Lo que busca la justicia con esta medida es la no repetición de los presuntos hechos denunciados en esta revista por Aragón. La expareja sentimental de Castillo sostuvo en su momento que fue víctima de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”.

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En marzo de 2025, la mujer denunció en este medio de comunicación el calvario que presuntamente le tocaba vivir por las agresiones que habría sufrido por parte de este sujeto. El cabildante quedó en libertad, pero condicionado a cumplir ciertos acuerdos con el juzgado y la víctima de este proceso.