Durante la tarde de este miércoles 26 de agosto, ante un juez con funciones de control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación inició las audiencias preliminares contra Chirley Mildred Hernández Rojas, la funcionaria del CTI acusada de ser la presunta responsable del asesinato de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, un funcionario de la Rama Judicial en el Atlántico.
El crimen se registró el 21 de marzo en el apartamento donde residía la mujer con su compañero sentimental y sus dos hijos, en el norte-centro histórico de la capital del Atlántico.
En medio de la diligencia judicial, el juez decretó la legalidad de la captura y la Fiscalía comenzó la audiencia de imputación de cargos, que luego fue suspendida. Se reanudará este jueves 27 de agosto en horas de la mañana.
Sin embargo, el fiscal del caso logró reconstruir los hechos mediante elementos materiales probatorios que sustentó ante el juez.
El funcionario del ente investigador sostuvo que las cámaras de seguridad del conjunto residencial Catedral Plaza muestran el momento en el que Avendaño Carrillo ingresó a su vivienda en horas de la noche.
Las filmaciones recolectadas por los investigadores judiciales permitieron establecer los movimientos posteriores de quienes se encontraban en el inmueble y la llegada de la Policía y de los investigadores luego del crimen.
“Luego de hacer alusión a cada uno de estos elementos materiales probatorios recuperados por parte de la Policía Judicial, se puede colegir que el dicho de la imputada quedó claramente desdibujado con las evidencias aportadas a la presente investigación penal”, sostuvo.
El fiscal del caso indicó en la audiencia de imputación que dentro del inmueble donde se registró la muerte del funcionario judicial solo había cuatro personas: la víctima, Hernández Rojas y los dos hijos de la pareja.
Asimismo, logró determinar que no ingresó de un quinto sujeto supuestamente responsable del asesinato.
El suicidio
De acuerdo con lo relatado por la Fiscalía, la hoy imputada, quien labora en el CTI, manifestó inicialmente que su esposo había llegado al apartamento, se había quedado consumiendo licor y que después escuchó los disparos cuando estaba en su habitación.
“Hasta este momento, la indagación penal se manejaba por parte de la Policía Judicial y del suscrito fiscal bajo la hipótesis del presunto suicidio”, explicó el fiscal del caso.
Asimismo, sostuvo que todos los testimonios apuntaban a la hipótesis del suicidio, pues el arma fue hallada al lado del cuerpo sin vida y, según describió el fiscal, la mano derecha de la víctima estaba ubicada sobre el arma.
Sin embargo, cuando comenzaron las pruebas técnicas de la investigación, surgieron interrogantes sobre lo que en realidad había sucedido.
Uno de los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación que fue determinante en el caso fue el resultado de la necropsia que entregó Medicina Legal, en el que se precisaba que el cuerpo tenía varias heridas ocasionadas por proyectiles en diferentes partes, entre ellas la cabeza, el tórax y el antebrazo izquierdo.
También indicó que el análisis forense de una de las heridas podría haber correspondido a una reacción defensiva de la víctima.
“Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. La lesión que presenta en el antebrazo izquierdo, tercio distal, puede ser de carácter defensivo”, manifestó el fiscal.
Entretanto, el disparo que tenía el funcionario judicial en la cabeza no presentaba características propias de un disparo efectuado por contacto o a muy corta distancia, según Medicina Legal.
“Los médicos forenses consideraron que esas heridas que presentaba Aldemar en su cuerpo no son características de un patrón suicida típico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida”, explicó el fiscal.
Una prueba contundente
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló uno de los elementos materiales probatorios más contundentes que tenía en el expediente de este caso.
El análisis de residuos de disparo que le practicaron a Hernández Rojas fue clave porque se encontraron partículas metálicas asociadas con residuos de disparo en muestras tomadas de sus manos y prendas.
“Se encontraron partículas metálicas de residuos de disparo (…) tomadas a la hoy imputada tanto en mano como en prenda”, aseguró el fiscal.
También sostuvo que ese resultado, sumado a los demás elementos recopilados, permite inferir su posible participación en los hechos como autora material.
El arma de fuego hallada en la escena también fue sometida a análisis de laboratorio y, según la Fiscalía, resultó apta para producir disparos. El funcionario enfatizó ante el juez que la vinculación de Hernández Rojas con el proceso no surgió de una conjetura aislada.
“La vinculación de la señora Chirley Hernández Rojas con estos hechos no es producto del azar, ni mucho menos caprichosa, ni producto de un falso positivo”, afirmó.
Para la Fiscalía, la evidencia que logró recopilar le permite inferir razonablemente que Hernández Rojas sería la presunta autora material de la muerte.
El ente acusador también solicitó la imposición de una medida de aseguramiento, al considerar que se cumplen los presupuestos legales para restringir su libertad mientras avanza el proceso.
“Se trata de un comportamiento donde la imputada sabía o conocía que se estaba matando a una persona, quiso hacerlo y atentó contra el bien más importante que tiene el ser humano, que es la vida”, sostuvo el fiscal ante el juez.