Este martes, 14 de abril, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió un comunicado en el que confirmaba que las bandas criminales tenían infiltradas varias empresas en Colombia. Sin embargo, esto no es nuevo; SEMANA advirtió en junio de 2025 lo que estaba ocurriendo, exactamente, en Barranquilla.
Asimismo, la entidad indicó que suspendió 31 licencias de funcionamiento y espera que por lo menos ocho empresas más sean sancionadas porque no tienen lo que establece la ley o les encontraron algún tipo de irregularidades.
El superintendente Larry Álvarez Morales dijo que esto hace parte de una ofensiva que adelantan contra los ilegales.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el funcionario.
En primera instancia, le suspendieron las licencias en Barranquilla a dos empresas que fueron identificadas por la SuperVigilancia como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Máximus Seguridad Privada Ltda. Sin embargo, SEMANA conoció que hay nombres de otras empresas que no fueron revelados por la entidad que tienen más presuntas irregularidades.
“En el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, dijo la Superintendencia de Vigilancia.
En el informe revelado por esta revista, si bien no entregaba nombres de empresas porque las investigaciones seguían en curso, sí contamos la forma en la que “legalizaban las armas de fuego”.
“El sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias, y la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad. Sin embargo, cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional”, enfatizó.