La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026. Esta norma modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece disposiciones para la convivencia ciudadana y el ordenamiento de la economía popular en la capital.
La nueva reglamentación se fundamenta en la necesidad de mitigar riesgos para la seguridad y la integridad de la ciudadanía. Y fueron estas normas las que motivaron manifestaciones, el 20 de abril de 2026, de quienes dicen sentirse afectados.
Entre las medidas más destacadas se encuentran:
Restricciones de seguridad y manejo de combustibles: Queda estrictamente prohibido el uso y almacenamiento de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) y de sustancias inflamables en el espacio público por parte de vendedoras y vendedores informales. Estas solo podrán utilizarse en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con los requisitos técnicos.
Regulación de servicios y salubridad: Actividades como la realización de tatuajes, piercings y servicios de peluquería o barbería no podrán desarrollarse en el espacio público si no cumplen con las condiciones sanitarias establecidas en el Decreto Nacional 780 de 2016 y la Resolución 2117 de 2010. Asimismo, la venta de alimentos deberá cumplir estrictamente con la Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud.
Protección de rutas de emergencia: Se establece un radio mínimo de 1,5 metros alrededor de cada hidrante contra incendios, que deberá permanecer libre de cualquier ocupación u obstáculo. Además, se prohíbe la ubicación de ventas en rutas de evacuación de establecimientos, puentes peatonales o accesos al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Prohibiciones específicas: el decreto ratifica la prohibición de comercializar pólvora, sustancias químicas peligrosas, artículos ilícitos y de portar o vender armas blancas en el espacio público.
Para el distrito, este decreto no solo busca organizar el espacio público —que es de todas las personas—, sino también proteger la vida de quienes ejercen su labor en la calle y la de los transeúntes. El cumplimiento de estas medidas será verificado por las autoridades de Policía, las alcaldías locales, el Ipes (Instituto Para La Economía Social) y la Defensoría del Espacio Público, quienes iniciarán los procedimientos correspondientes ante comportamientos contrarios a la convivencia.
“Bogotá es una ciudad que respeta el derecho al trabajo, pero que también exige orden para el disfrute de todos. A través de este ajuste normativo fortalecemos el principio de confianza legítima: ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del Ipes. Queremos una economía popular organizada, que cumpla con estándares de salubridad y que permita recuperar los senderos peatonales y las rutas de emergencia para el bienestar colectivo”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.
“El objetivo es identificar quiénes son vendedoras y vendedores vulnerables para diferenciarlos de las mafias que pretenden adueñarse de las esquinas. Queremos que el vendedor autorizado cuente con un espacio digno, respetando distancias mínimas y áreas protegidas como edificios institucionales y nodos de transporte”, agregó.
“Desde el Ipes tenemos 19 mil vendedores caracterizados desde el 2024. La oferta institucional se trabaja en tres componentes: formación, emprendimiento y empleabilidad, actualmente ya podemos mostrar resultados en zonas como La Mariposa, San Victorino y San Andresito de la 38”, destacó, a su turno, Catalina Arciniegas, Directora IPES.
“Venimos adelantando un amplio ejercicio de caracterización desde el inicio de esta administración. Hemos identificado que muchos vendedores informales están dispuestos a organizar su actividad y el uso del espacio público. Por eso, continuaremos fortaleciendo las estrategias dirigidas a esta población y ampliando iniciativas como ‘Hecho en Bogotá’ en los barrios, para estar más cerca de la ciudadanía y llevar nuevas oportunidades a las 20 localidades de la ciudad”, explicó, de su lado, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.