El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, que establece descuentos en matrículas e impuestos vehiculares para atraer registro de automotores a municipios del departamento.
Quintero afirmó que la norma es ilegal y que ha causado pérdidas millonarias a la capital.
Según la normativa departamental, aprobada en 2024, los municipios que apliquen la ordenanza pueden ofrecer descuentos del 50 % en el primer año y del 20% en el segundo sobre el impuesto vehicular para quienes matriculen su vehículo en esos municipios.
La denuncia del Concejo de Bogotá se centra en dos reclamos: que Cundinamarca no tendría competencia legal para conceder esos descuentos en los términos en que lo hace, y que la medida estaría provocando la migración de matricular fuera de la capital, con la consecuente pérdida de recaudo para Bogotá.
El cabildante sostiene que, desde 2015, más de 241.000 vehículos han dejado de registrarse en la ciudad y esto representaría una pérdida aproximada de 1,1 billones de pesos destinados, entre otros, a la infraestructura vial.
Quintero ha señalado de manera pública que “esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos”, y ha asegurado que el Concejo respaldará las acciones jurídicas para frenar la práctica. En su defensa, la Gobernación de Cundinamarca ha argumentado que los incentivos buscan dinamizar la economía local y formalizar vehículos en municipios de la sabana.
El conflicto entre la capital y el departamento se superpone, además, con decisiones recientes de la Alcaldía de Bogotá.
El pasado 14 de noviembre el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, a partir del primer semestre de 2026, los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes y que el recargo conocido como “pico y placa solidario” pasará del 20% al 50% para esos automotores. Para la Alcaldía, la medida busca incentivar la matrícula en Bogotá y recuperar parte del recaudo perdido.
La demanda de nulidad que anuncia el despacho del concejal busca que se anule la ordenanza departamental en los apartados que exceden la competencia normativa de la Gobernación y generan un incentivo fiscal que desvía recursos a municipios de la sabana. El objetivo jurídico es restaurar lo que, desde la perspectiva del Concejo, sería la titularidad del impuesto correspondiente a los vehículos que circulan principalmente en Bogotá.