En Bogotá, el uso del espacio público ha sido uno de los temas más sensibles de la agenda urbana, especialmente por la presencia de, aproximadamente, 95.000 personas, según datos recientes del Instituto para la Economía Social (IPES), que dependen de las ventas ambulantes como sustento diario.
La tensión entre el derecho al trabajo y la regulación del espacio público ha obligado al Distrito a diseñar medidas cada vez más estructuradas.
La administración de Carlos Fernando Galán viene trabajando en normas que buscan organizar el uso del espacio público y establecer lineamientos para el funcionamiento de los vendedores informales, incorporando criterios técnicos, sanitarios y de seguridad en la actividad.
Estas iniciativas no surgen de manera aislada, sino como parte de un proceso de regulación progresiva del comercio informal en la ciudad.
De ahí que se hayan dado a conocer nuevas medidas que reconfiguran directamente la operación de las ventas ambulantes en Bogotá.
El Distrito avanza en una reorganización del espacio público que incluye restricciones específicas. Entre ellas, se establecen prohibiciones como bloquear vías o zonas de tránsito y el uso de elementos peligrosos como pipetas de gas, lo que introduce controles directos sobre la forma en que se ejerce la venta informal.
La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026, para enmarcar y regular lo mencionado.
Además de las restricciones operativas, el esquema contempla nuevas exigencias en materia sanitaria, técnica y de seguridad para quienes ocupan el espacio público, lo que eleva los requisitos para desarrollar esta actividad. Esto implica que no solo se regula el lugar donde pueden ubicarse, sino las condiciones bajo las cuales pueden trabajar.
Uno de los cambios estructurales es la creación de las denominadas Zonas de Manejo Especial. En estos espacios, definidos por su importancia o condiciones de riesgo, no se permitirá el desarrollo de actividades comerciales informales. La delimitación de estas áreas estará a cargo de las autoridades y se implementará de manera progresiva.
El modelo incluye herramientas técnicas. Se plantea la realización de estudios para determinar la capacidad de vendedores por zona, con el objetivo de evitar afectaciones a la movilidad y garantizar condiciones de seguridad tanto para comerciantes como para peatones.
Este enfoque introduce un criterio de control cuantitativo sobre el uso del espacio público.
El impacto es directo sobre el sector. Las nuevas reglas implican mayores controles, delimitación de zonas permitidas y restricciones sobre prácticas específicas. Al tiempo, el Distrito sostiene que la intención es ordenar la actividad sin eliminarla, buscando un equilibrio entre el uso del espacio público y el derecho al trabajo.