Recientemente se aprobó una ley que tiene como pilar central hacer una reforma a cómo se están utilizando los recursos recaudados por la denominada “Estampilla del Adulto Mayor”, con el fin de que estos lleguen a las personas de la tercera edad que más lo necesiten, según sus condiciones.
Esta iniciativa tuvo el impulso de Karina Espinosa Oliver, senadora oriunda del departamento de Sucre. Además, se espera que con la implementación de esta ley también sean más las personas mayores que resulten beneficiadas.
Todo esto responde a problemas que se han evidenciado históricamente con personas pertenecientes al grupo poblacional de la tercera edad. Del mismo modo, lo que busca esta ley es llegar particularmente a quienes no han podido ser parte de los Centros de Bienestar, Centros de Vida o cualquier otro programa realizado por el Estado.
Además, esto priorizaría a personas mayores que estén en lo que se denomina como condición de abandono, indigencia o maltrato, así como a quienes hayan resultado damnificadas por temas relacionados con desastres o emergencias.
La ley buscaría también permitir que los recursos sean invertidos en distintos centros en temas de infraestructura, de manera que puedan tener una respuesta apropiada de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
La senadora Karina Espinosa, refiriéndose a la ley, indicó que: “Nuestros adultos mayores merecen más dignidad y más respuestas reales. Esta ley es para ellos”. Asimismo, hizo hincapié en la importancia que tienen este tipo de leyes en función social y en el impacto profundo que pueden generar, específicamente en las poblaciones que más lo necesitan.
Del mismo modo, la senadora Espinosa resaltó la labor de congresistas como Carlos Meisel, Mile Jaraba y Carlos Julio González, quienes apoyaron la iniciativa que logró convertirse en ley.
La senadora además dijo: “Esto no es un favor. Es justicia social”. En Colombia, un número importante de adultos mayores vive en condición de vulnerabilidad; algunos no poseen los recursos económicos para suplir sus necesidades básicas, lo que puede significar, en muchos casos, problemas de salud asociados a la desnutrición.
Se espera que esta nueva ley permita que los recursos lleguen a esas personas que más lo necesitan y ayude también a cerrar brechas sociales que se han perpetuado a lo largo de los años. Además, representa una ampliación en la capacidad de reacción del Estado frente a problemáticas que generan preocupación al interior de Colombia y que, sin lugar a dudas, deben ser atendidas.