Se conoció que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria encargada de la Perimetral de Oriente de Bogotá acordaron terminar anticipadamente el contrato del megaproyecto y avanzar en su liquidación definitiva.
De acuerdo con el reporte de la entidad, Colombia deberá pagar cerca de 305 millones de dólares, equivalentes a más de 1,3 billones de pesos, como compensación a la concesionaria encargada de desarrollar el corredor vial. El proyecto buscaba conectar zonas entre La Calera, Choachí y Cáqueza, en inmediaciones de la vía al Llano.
La historia del proyecto estuvo marcada por obstáculos ambientales que terminaron haciendo inviable parte de las intervenciones previstas. En primera instancia, la ANI había indicado que en el corredor no existían cuerpos de agua que afectaran las obras. Sin embargo, estudios posteriores y alertas de comunidades evidenciaron la presencia de decenas de fuentes hídricas a lo largo del trazado.
El informe señaló que la concesión identificó cerca de 70 manantiales distribuidos en aproximadamente 60 kilómetros del proyecto. Esto representó un problema crítico debido a que la legislación restringe intervenciones dentro de un radio de 100 metros alrededor de este tipo de fuentes hídricas. Como consecuencia, las unidades funcionales cuatro y cinco no pudieron desarrollarse como estaba previsto inicialmente.
“La ANI reitera que la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, afirmó Óscar Torres, presidente de la ANI.
La imposibilidad de ejecutar las obras derivó en disputas entre el concesionario y el Estado. Tras varios intentos de negociación para modificar el alcance del contrato y encontrar alternativas técnicas, las partes no lograron un acuerdo definitivo. Finalmente, el caso terminó en un tribunal de arbitramento, que falló a favor de la concesionaria.
La Perimetral de Oriente de Bogotá es considerada una de las apuestas más relevantes para mejorar la movilidad en el entorno de la capital y facilitar la conexión con municipios del oriente cundinamarqués y con la autopista al Llano.
Por ahora, el futuro del corredor quedaría en manos de la concesionaria y del Invías, en función de que la medida por parte del tribunal internacional se aplica desde este 12 de junio. Entretanto, las comunidades y usuarios de la región continúan a la espera de soluciones definitivas para mejorar la movilidad en uno de los accesos más complejos hacia la capital del país y el oriente colombiano.