El Páramo de Santurbán, la fábrica del agua que consumen más de 2 millones de habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, está sufriendo un desastre ambiental. En el corazón de esta área que debía estar protegida, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cientos de mineros extraen oro sin ningún control.
Aunque el desastre fue expuesto en los últimos días por el medio regional Vanguardia, no es un tema nuevo. De ello son conscientes alcaldes, gabinetes municipales, concejales, defensores del páramo y hasta el Gobierno nacional. Pero solo hasta que se conoció la denuncia, por medio de una fotografía que evidencia el daño ambiental, el Ejecutivo comenzó a tomar medidas, a días de terminar su periodo gubernamental, como un intento agónico de mostrar que tuvo alguna intención de proteger la vida.
Sin embargo, Danilo Valbuena, el alcalde del pequeño municipio de California, en cuya jurisdicción se tomó la fotografía y donde los mineros llevan explotando el oro desde la colonia, le aseguró a SEMANA que fue abandonado por el Gobierno central en su intento por proteger el Santurbán.
El funcionario contó que tiene que ver inerme, desde su despacho, cómo llegan y llegan denuncias sobre mineros que arriban para sacarle al páramo el mineral brillante, una práctica que supera sus capacidades técnicas y presupuestales de resguardo de esa fábrica de agua.
Incluso, aseguró que su municipio no es el único que sufre por la llegada y las labores de mineros de Antioquia, Chocó, Córdoba, Valle y hasta Venezuela en busca de una fortuna.
También el municipio de Vetas y el de Suratá, tres de los seis que componen la provincia de Soto Norte, donde está gran parte del páramo.
“El río ya baja contaminado. Y no es algo nuevo; desde hace años ha sido contaminado con mercurio y, aunque ya los mineros no usan ese mineral, el daño está hecho. Es un desastre, una tragedia”, le dijo a SEMANA el alcalde californiano.
El funcionario, al igual que el secretario de despacho y protectores ambientales, reitera que la explotación del oro en el páramo no es un tema nuevo ni es para satanizar a los mineros locales, que pueden ser entre 500 y 600, sino un llamado para que el entrante Gobierno de Abelardo De La Espriella tome las medidas que gobiernos anteriores omitieron.
De hecho, cuestionaron una resolución 863 del Ministerio de Ambiente que fue expedida el 15 de julio en reacción a la denuncia periodística sobre la explotación minera en pleno páramo.
MinAmbiente fijó en el documento unos lineamientos para delimitar no solo ese páramo, algo que para el alcalde californiano es tardío. “En la zona donde se tomó la foto había un batallón de alta montaña que protegía el páramo y un contrato de explotación con un privado. El Gobierno acabó con eso, los militares se fueron y el páramo quedó a la deriva”, dijo.
Mayerly López, miembro del comité de defensa de Santurbán, coincidió en algo con el alcalde, pero llamó la atención en que la solución no es entregarle a un privado un nuevo contrato de explotación.
La ambientalista recordó que hay procesos sancionatorios contra mineras que afectaron gravemente el recurso hídrico al realizar exploración y excavación sin realizar estudios previos hídricos. Además, en 2022 el acueducto de Bucaramanga tuvo que suspender el suministro del líquido en esa importante ciudad debido a que la contaminación en las aguas superaba los límites de mercurio permitidos.
En agosto de 2022, la Defensoría del Pueblo alertó para que se tomaran medidas correctivas y preventivas para que disminuyeran los niveles de mercurio en el acueducto que no solo surte de agua a Bucaramanga, sino también a otros 12 municipios aledaños.
Según ese organismo, el mismo acueducto reveló el resultado de la toma de muestras a sus aguas, en los que detallaron “que los niveles de este metal pesado aumentaron entre enero y julio de 2022, pasando de 100 microgramos a 163 microgramos por litro”. Una historia que no pierde vigencia.