Un nuevo caso de maltrato animal ha generado rechazo en Bucaramanga luego de que se conociera un video en el que una perrita es agredida dentro de una vivienda del barrio Betania. Las imágenes, difundidas en redes sociales, motivaron la reacción de la comunidad y de las autoridades, que al llegar al lugar encontraron que el animal ya había fallecido.
De acuerdo con la información recopilada, vecinos del sector ya habían advertido sobre el comportamiento del presunto agresor. Según testimonios, el hombre habría protagonizado episodios similares en el pasado, lo que incrementó la preocupación en la comunidad por la reiteración de estos hechos.
El caso salió a la luz tras la circulación del video, en el que se observa cómo la perrita, que se encontraba amarrada, es golpeada de manera violenta dentro de la vivienda. Las denuncias ciudadanas permitieron que funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente acudieran al sitio, aunque para ese momento el animal ya había muerto y había sido enterrado por su propietario.
La gravedad del hecho llevó a un pronunciamiento del alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, quien rechazó lo ocurrido y pidió que el caso sea judicializado con rigor. “Rechazo este acto tan atroz contra la vida animal”, expresó el mandatario, al tiempo que solicitó que el responsable sea procesado bajo la normativa vigente.
El alcalde también hizo un llamado a las autoridades judiciales para aplicar con severidad la ley. “Vamos a perseguir a quienes maltratan y ponen en riesgo la vida de nuestros animalitos”, afirmó, insistiendo en la necesidad de que este tipo de conductas no queden en la impunidad.
Desde la administración municipal se indicó que se hará seguimiento al caso hasta lograr sanciones contra el responsable. De igual forma, se conoció que dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión podría haber otros animales en riesgo, lo que mantiene la alerta entre vecinos y autoridades.
Este episodio reabre el debate sobre el maltrato animal en Colombia y la aplicación de la Ley Ángel, que establece penas de prisión y sanciones económicas para quienes causen daño o muerte a animales.
Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación formal del presunto agresor, mientras la comunidad exige justicia por la muerte de la perrita y mayor control frente a este tipo de hechos en la ciudad.