La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que los procesos de entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) prioricen a los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes del departamento.
La mandataria advirtió que la falta de coordinación institucional ha generado conflictos sociales y problemas de seguridad en distintas zonas rurales.
“Estamos muy preocupados porque hemos tenido problemas de convivencia, bloqueos de vías y dificultades de seguridad, porque la ANT no coordina ni con los municipios ni con la Gobernación del Valle. Están entregando tierras de la SAE que muchas veces ni siquiera tienen la compra formalizada, sino simples contratos que nos pasan de inmediato”, señaló Toro.
De acuerdo con la gobernadora, campesinos de municipios como Zarzal, San Pedro, El Cerrito, Palmira y Ginebra llevan meses solicitando acceso a tierras sin obtener respuesta, mientras que los predios están siendo adjudicados a comunidades del vecino departamento del Cauca.
“Tenemos hoy 400 personas en el coliseo de El Dovio y 400 más en Bolívar, que acaban de salir hacia una finca. Esas familias llevan tiempo pidiendo tierras, pero se las están dando a personas indígenas o afrodescendientes del Cauca”, denunció.
Toro reiteró su exigencia al Gobierno nacional para que las adjudicaciones se realicen con criterios de equidad territorial, garantizando que los habitantes del Valle sean los primeros beneficiarios.
“El llamado que le queremos hacer a la ANT y al Gobierno nacional es que hay muchos campesinos, afrodescendientes e indígenas del Valle que necesitan el apoyo de tierras. Que esas tierras de la SAE se les entreguen primero a los vallecaucanos y, cuando ya copemos esa necesidad, entonces sí puedan traer beneficiarios de otras partes”, enfatizó.
Finalmente, la mandataria insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre la ANT, los municipios y la Gobernación para evitar nuevos conflictos sociales y asegurar que la política de reforma agraria se implemente de manera ordenada y acompañada de proyectos productivos que beneficien a las comunidades locales.