Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali en dos períodos y actual agente interventor de la Nueva EPS, no cierra la puerta a regresar a la arena electoral. Aunque reconoce que “hay ciclos que se superan”, admite que la posibilidad de aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca en 2027 no está descartada. “Preferiría la gobernación, la verdad”, dijo, aunque aclaró que ninguna opción está formalmente descartada. Su decisión, explicó, dependerá de quién gane la presidencia de la República, de cómo quede conformado el Congreso y de cómo evolucione la agenda política regional durante lo que resta de 2026.
Ospina reconoció que el escenario político en Cali y el Valle es hoy profundamente distinto al que enfrentó en sus dos administraciones. “Hay ahora un planteamiento de democracia directa muy consolidado, nuevas formas de participación ciudadana y unas tensiones que todavía no se han resuelto”, señaló, y advirtió que quien aspire a gobernar la ciudad o el departamento deberá “leer este tipo de nuevos momentos”.
La segunda administración de Ospina al frente de Cali fue especialmente turbulenta. El exmandatario reconoció que su popularidad llegó a desplomarse hasta el 10 %, después de haber alcanzado el 80 % en su primer período, y que eso “le dio duro”. Sin embargo, reflexionó que la gestión pública y la popularidad son cosas distintas, y que los gobernantes deben aprender a separarlas.
A su juicio, dos fenómenos externos explican el deterioro de su imagen. El primero fue el estallido social del 28 de abril de 2021, desencadenado por una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque que pretendía gravar la canasta familiar en plena pandemia. “Todo por una decisión inaudita del presidente Duque, quien, aun conociendo que estábamos en pandemia, que no teníamos economía en nuestros hogares, se le ocurre plantear esa reforma”, dijo Ospina. En Cali, según relató, hubo 900 bloqueos, 70.000 personas movilizadas directamente según cifras de la Fiscalía y 16 muertes violentas de jóvenes.
El segundo fenómeno fue la pandemia de COVID-19, que en Cali provocó más de 7.000 muertes. “La pandemia nos trajo una afección de la psiquis colectiva. Se rompieron hogares, se perdieron empleos, se dificultó la vida en familia”, describió. Esa presión colectiva, añadió, terminó descargándose sobre quien institucionalmente representaba la conducción de la ciudad.
Ospina relató con crudeza los efectos personales de ese período: ser silbado en el estadio al ir a ver al América de Cali, enfrentar miradas hostiles en centros comerciales y ver a sus sobrinos sufrir agresiones en la escuela por causa de la polarización política. “Son cosas difíciles de administrar, no todo el mundo tiene la formación para poder entender la atención y no todo el mundo sabe lo que significa la presión del público”, afirmó. Su respuesta fue no retirarse: “Fui el que tomé la decisión de asumir, no moverme del territorio, mantener habitualmente mis actividades y continuar trabajando contra viento y marea.”
Feria virtual
Uno de los episodios más cuestionados de su gestión fue la realización de la Feria de Cali en formato virtual durante la pandemia de 2020, que derivó en una sanción de la Procuraduría, posteriormente levantada, y en señalamientos por presuntos sobrecostos. Ospina defendió la decisión: hacer el alumbrado tradicional habría generado concentraciones masivas que habrían disparado el contagio del virus. Por eso, explicó, optaron por un alumbrado móvil con mensajes pedagógicos sobre bioseguridad, y por usar los recursos de la feria para apoyar a los artistas, músicos y bailarines que, según él, nadie más estaba teniendo en cuenta.
Sobre los señalamientos de sobrecostos, televisores de 66 millones de pesos, sillas de 12 millones, fue categórico: “Es una vil mentira. A tal punto que después de esa avalancha noticiosa y ese show mediático no hay ni siquiera investigación, porque no ocurrió este tipo de evento.” Sí reconoció, en cambio, que esa campaña mediática logró frenar la implementación de un sistema de sensores para medir el consumo energético de grandes usuarios, que según él habría generado ahorros de hasta 35.000 millones de pesos por año para Emcali.
Respecto a los más de 26 procesos disciplinarios y judiciales que enfrenta en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, Ospina los relativizó: “Funcionario público que no tenga investigaciones, o es un pusilánime o nunca ha desarrollado la agenda pública”. Dijo estar “más tranquilo que una lechuga” porque, a su juicio, en Colombia la contradicción política se ha judicializado como instrumento. Como ejemplo, citó una imputación que le formularon diez días después de ganar su segunda elección, en un proceso que lleva años sin avanzar y que la Fiscalía ha pospuesto cinco veces.
El tema más inmediato es el embargo de sus cuentas por parte de la Contraloría, que cumple ya casi cuatro años, relacionado con un contrato de mantenimiento de videocámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad. “El estallido social generó un gran vandalismo que destruyó parte de esa infraestructura, pero para la Contraloría es difícil evaluar ese asunto después de lo que pasó”, explicó, y señaló que ni siquiera firmó el contrato cuestionado.
Duro contra Eder
El exalcalde fue especialmente duro con su sucesor, Alejandro Eder. Rechazó que la actual administración haya recibido la ciudad endeudada. “Te dejé 700.000 millones de pesos de superávit”, dijo, y contrastó el endeudamiento de 650.000 millones que realizó su administración, con los 3,5 billones que, según él, contrató Eder. Lo acusó además de haber inaugurado obras de la gestión anterior, cambiándoles el nombre y quitando las placas que las identificaban con su gobierno: “Ahí hay una pequeñez oligárquica de tal magnitud que debería darles pena.”
Ospina calificó la gestión de Eder con “menos dos” en una escala de cero a diez, argumentando que el actual alcalde llegó al cargo con todos los recursos a su favor y aun así acumula apenas un 12 % de popularidad. “Pensaron que gobernar la ciudad es gobernar su hacienda. Cuando gobernar la ciudad es entender la diversidad cultural, comprender la magnitud de nuestro pueblo”, sentenció.
“El mejor trabajo de mi vida”
Ospina describió su rol como agente interventor de la Nueva EPS como “el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida”, por encima incluso de haber sido alcalde, senador o médico de urgencias. La razón: la responsabilidad de garantizar atención en salud a 11,5 millones de personas en todo el territorio nacional, con un presupuesto de 27,3 billones de pesos.
Al asumir el cargo, encontró, sin embargo, una entidad en estado crítico. La principal sorpresa fue la ausencia de una nota técnica sólida, es decir, un perfil epidemiológico detallado de la población afiliada que permita planificar adecuadamente la red de servicios y los contratos con prestadores. “No tener una nota técnica sofisticada significa fallar en la contratación y tal vez no tener el proveedor que necesitas”, advirtió.
La deuda total de la entidad supera los 21,3 billones de pesos, aunque Ospina matizó la cifra: la Nueva EPS ha entregado anticipos por 14 billones a proveedores, lo que permitirá, según él, reducir el déficit real tras la conciliación de cuentas. A eso se suma que cuatro juzgados, en Florencia, Cartagena, Puerto Rico (Caquetá) y Bogotá, embargaron el 80 % de 2,3 billones de pesos de recursos de la entidad, violando, a su juicio, el principio de que los dineros de la salud son inembargables y rompiendo los planes de pago con clínicas y laboratorios. “Un tribunal ya sacó una sentencia señalando que los recursos son inembargables”, informó, y dijo estar trabajando con los proveedores en acuerdos de pago para evitar nuevos embargos.
Sobre el futuro de la entidad, fue enfático en que su liquidación sería “terrible”, pues no existe en Colombia ninguna otra organización capaz de absorber a esa cantidad de afiliados. Y fue más allá: aprovechó el debate para defender la necesidad de transformar el modelo de salud en Colombia, que calificó de “muy mercantil”, con incentivos perversos, costos operativos altos y poca atención primaria. Respaldó en ese sentido la reforma que intentó impulsar el presidente Gustavo Petro y que, dijo, el Congreso ha bloqueado reiteradamente.
En cuanto a su permanencia en el cargo, la respuesta fue cauta. “Estamos en procesos políticos, es muy difícil saberlo, porque no sabemos quién va a ser el nuevo presidente y cuáles sean sus decisiones”, dijo. Lo que sí garantizó es que, mientras esté, trabajará para estabilizar la entidad, recuperar la red de servicios y pagar a los proveedores de medicamentos. Su gestión anterior como gerente del Hospital Universitario del Valle y como secretario de Salud de Cali, sumada a su formación médica, es, según él, el respaldo que lo diferencia de los cuatro interventores anteriores, quienes a su juicio “no tenían la envergadura de lo que significa tener una entidad de esta dimensión”.