La Procuraduría General de la Nación entregó una advertencia contundente que pone en entredicho la validez del proceso para elegir al próximo contralor de Cali. En un documento emitido el 19 de noviembre, el organismo concluye que el concurso presenta fallas estructurales que podrían anular la lista de admitidos, afectar la terna y generar responsabilidades disciplinarias para la Mesa Directiva del Concejo Distrital.
Según la revisión del expediente, el Concejo habría delegado funciones decisorias en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pese a que la ley prohíbe transferir esa competencia. El análisis detalla que la universidad no solo recibió y tramitó reclamaciones, sino que resolvió y notificó decisiones que incidieron en la continuidad de los aspirantes. Estos actos, por su naturaleza, son definitivos y solo podían ser expedidos por la autoridad convocante.
La Procuraduría advierte que esta delegación irregular constituye un vicio sustancial de competencia que afecta actos como la lista de admitidos, los resultados de pruebas y la valoración de antecedentes. El organismo señala que las decisiones de la UPTC carecen de sustento jurídico y podrían dejar sin piso la terna prevista para ser enviada al Concejo.
Además, el informe señala que la convocatoria pública no fue publicada previamente, como lo exige el Código de Procedimiento Administrativo para actos generales que regulan el acceso a cargos públicos. La omisión afecta los principios de publicidad y transparencia, y ya provocó la suspensión de procesos similares en otras ciudades.
El documento también cuestiona la exigencia del certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la etapa de inscripción, un requisito que la ley prevé únicamente para el momento del nombramiento y la posesión. Para la Procuraduría, imponerlo de manera anticipada modifica las reglas del concurso sin fundamento legal y restringe injustificadamente el acceso a la función pública.
La delegada reitera que estas advertencias son preventivas, pero remarca que mantener el proceso sin corregir los vicios identificados podría comprometer la responsabilidad disciplinaria de los concejales involucrados. El organismo insiste en que el Concejo debe ajustar el concurso antes de la elección final para asegurar un resultado legítimo y transparente.
La advertencia deja en suspenso la elección del contralor, un cargo clave para la vigilancia de los recursos públicos del distrito, y obliga a la Mesa Directiva a responder de manera inmediata sobre las medidas que adoptará para garantizar la legalidad del proceso.