La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar, y estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.
La actuación con fines de extinción del derecho de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, que recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.
Odebrecht, al parecer, de acuerdo con el ente acusador, asumió el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. Los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.
Las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, bienes ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas). Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio.
El caso
Lo que por años trató de evitar Óscar Iván Zuluaga, ahora se convirtió en la prueba más contundente en el proceso en su contra por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Se trata de una estrategia para evitar una investigación en la Fiscalía que terminó en evidencia con un audio revelado por SEMANA.
Una conversación entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta quedó grabada y allí el exministro de Hacienda reconoce que hubo un millonario aporte de la multinacional que se tramitó a través del asesor político Duda Mendonça y se vio representado en publicidad. En el audio, Zuluaga pidió ocultar la información relacionada con la financiación de su campaña.
“¿Cómo cree que me puedo sentir yo, cuál es mi culpa y cuál es mi grado de responsabilidad? (...) Esto no tiene antecedentes, es el papá y el hijo en un problema de estos; lo tuve que padecer cuando el hacker y ahora otra vez”, advierte Zuluaga en la conversación con Daniel García Arizabaleta.
El audio es ahora la principal prueba contra el excandidato presidencial y su hijo David Zuluaga, entonces gerente de campaña. La Fiscalía presentó la acusación formal contra los dos Zuluaga, padre e hijo, y por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal, este último únicamente para David Zuluaga.
Los dos, tanto Óscar Iván Zuluaga como David Zuluaga, negaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía, como estrategia de defensa que por ahora los tiene a las puertas de un juicio y ante una eventual condena, que seguramente se convertirá en un debate jurídico interesante.
La Fiscalía advirtió que tiene los elementos de prueba para demostrar la presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el curso de la investigación y que serán expuestos en las audiencias preparatorias al juicio, donde el mismo Zuluaga podrá conocerlos y debatirlos.
El proceso contra Zuluaga estuvo en un limbo judicial mientras se definían algunos recursos en el Tribunal de Bogotá que finalmente fueron resueltos y destrabaron el proceso en la etapa que estaba pendiente: las audiencias preparatorias.