Desde hace 68 días, en el cementerio de La América —que presta sus servicios principalmente a la comuna 13 de Medellín y se había transformado en una galería artística de memoria— se vive una situación tan compleja que el ingreso de las familias de los fallecidos, turistas y cualquier otra persona ajena a las labores administrativas del campo santo fue totalmente prohibido.
Doña Silvia Restrepo Gutiérrez, una habitante del barrio La Quiebra, también de esa comuna, se sorprendió al llegar al lugar para hacerle un rosario a su mamá, María Leticia Gutiérrez, quien fue sepultada en 2024.
“Vine a rezarle a mi madre que está acá enterrada; ella no estaba en esa bóveda, pero tengo amigos que sí tienen a sus seres queridos ahí y sí han sido afectados por las tumbas que se cayeron. Hay que tener mucha paciencia, que desde su casa recen por el alma de ellos; así sea una tumba vacía, hace mucha falta venir”, le dijo a SEMANA desde la reja que impide el ingreso al cementerio.
El lunes 26 de marzo, cuando nadie lo imaginaba, cuatro módulos del pabellón número 2 del cementerio, en el que había 120 bóvedas con los restos de 61 muertos, colapsaron, se vinieron abajo y se volvieron escombros.
Los ataúdes y las osamentas quedaron debajo, lo que representa un problema mayúsculo para la Corporación Arquidiocesana de Servicios Exequiales El Tabor La Candelaria, que desde 2010 administra ese cementerio.
Lo primero que hicieron fue establecer protocolos de bioseguridad, informar al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Medellín (Dagrd), a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Personería Distrital, a la Policía Metropolitana, y cerraron el lugar.
Debían evitar a toda costa que alguna persona se acercara al pabellón colapsado y pudiera remover los restos óseos, por lo que fijaron seguridad privada las 24 horas. Además, debían evaluar las condiciones del resto de las estructuras del campo santo, de la escuela vecina —la Benedikta Zur Nieden—, para evitar otro contratiempo, y de una unidad residencial que está al lado.
Además, debían indicarle a la Fiscalía General de la Nación lo que había sucedido, pues, según Juan Felipe Alzate, representante de ese lugar, parte de los 61 restos óseos sepultados en el pabellón caído corresponden a personas que murieron de manera violenta (es decir, asesinadas, en accidentes de tránsito o que se suicidaron) y cuyas causas pueden estar inmersas en procesos investigativos.
Luego, el proceso más complejo: buscar a las familias de esos muertos para informarles que el pabellón donde estaban inhumados sus seres queridos se vino al suelo y pedirles, bajo acompañamiento psicosocial, que reconozcan los restos de sus seres queridos para evitar que, durante el levantamiento de escombros, las osamentas se mezclen.
Dispusieron de un número telefónico y línea de WhatsApp, el 318 7075 684, hablaron con diferentes medios de comunicación locales de radio, prensa y televisión e instalaron avisos en el ingreso del cementerio en los que informan sobre lo sucedido. Sin embargo, en dos meses de búsqueda, solo habían aparecido menos de la mitad de los familiares de los muertos.
“Fueron contactadas cerca de 20 familias, porque el resto no aparecieron. Vamos a proceder a hacer exhumaciones en sitio con la presencia de equipos técnicos, tanto para temas estructurales como para antropología y arqueología forense, para garantizar con juicio y diligencia la individualización de cada uno de esos restos”, le dijo a SEMANA el representante del cementerio.
Una vez que hayan terminado de realizar el reconocimiento e individualización de cada uno de los restos, tendrán que volver a inhumarlos.
Para esa fase de la intervención, aseguró el vocero, fijaron un plazo de entre 60 y 90 días que empezarían a correr desde esta semana, un reto enorme si se tiene en cuenta que aún falta por contactar a las familias de 40 muertos y que en las calles la gente aún carece de información precisa.
Por ejemplo, Fredy Mejía, quien vive desde hace cerca de 25 años en inmediaciones del cementerio, aseguró: “No tengo una información real concreta, tenemos rumores y el rumor que existe es que hubo un derrumbe de las bóvedas y quedaron al descubierto algunos cadáveres; a raíz de eso ha habido un cierre del cementerio, no permiten entrada de particulares ni han sepultado a nadie ahí”.
Eso, sin contar que los usuarios de este cementerio, en su mayoría, son familias de escasos recursos que posiblemente habitan en alguno de los 36 barrios y sectores de la comuna 13, en algunas de las veredas del corregimiento de San Cristóbal, como la Loma, o en el corregimiento de Altavista.
Los restos cuyas familias no sean encontradas, quedarán bajo custodia hasta que aparezcan, un problema más al que se ve enfrentada la administración del cementerio, que en los dos primeros meses de la emergencia ha tenido que destinar unos 40 millones de pesos, menos del 10 % de lo que estiman puede llegar a costar toda la intervención.
“Tenemos seguros tanto en responsabilidad contractual como extracontractual; son costos onerosos porque este cementerio es una obra social y estamos hablando de costos que exceden en demasiado los ingresos de un lugar como este”, manifestó el representante del campo santo.
Según sus cuentas, solucionar el problema por el colapso del pabellón podría costarles más de 600 millones de pesos, dinero escaso para un cementerio en el que en promedio mensual se realizan hasta tres sepulturas, con un pago único de entre 1.100.000 y 1.400.000 pesos durante los cuatro años que se estiman de inhumación.
“Eso le representa a la entidad 4 o 5 millones de pesos, es decir, con esos recursos únicamente se cubre el costo de la nómina y los mantenimientos básicos del cementerio”, explicó.
A pesar de la dificultad, la administración aseguró que los costos serán asumidos con sus propios recursos, pues este cementerio que pudo haber sido construido en 1840 es privado y pertenece a la Arquidiócesis de Medellín.
Otro de los objetivos es establecer qué sucedió, pues es la primera vez que un colapso de este tipo sucede en uno de los cementerios de la ciudad.
“En los informes técnicos, lo que tenemos reportado es un tema de humedad y presencia de agua que erosionó el material; es lo que tenemos hasta el momento. Hay que terminar el retiro de los escombros y demás para terminar los informes técnicos y parciales”, añadió el representante.
Frente a la incertidumbre de los usuarios sobre la posibilidad de que el cementerio se cierre definitivamente, el vocero lo desestimó y dijo que, por el contrario, aunque el pabellón colapsado no será reconstruido, los restos serán movidos a otra de las secciones del campo santo, pues este apenas tiene 782 restos inhumados, el 50 % de su capacidad.
Por último, indicó que en esta operación no participará la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas, pues no tienen restos de personas NN en este cementerio llamado de La América, por estar ubicado en esa comuna de Medellín, a pocos metros de la comuna 13 donde en dos parroquias hay muertos que esperan a sus seres queridos.
Estas son la iglesia Nuestra Señora del Carmen, del barrio San Javier, y la de Santa Rosa de Lima, en el barrio del mismo nombre.
SEMANA visitó la primera con la intención de hablar con su sacerdote para conocer la situación, pero no fue posible. Sin embargo, supo que algunos de los restos tuvieron que ser trasladados debido a una humedad y que están en busca de familiares de personas cuyos restos óseos reposan sin ser reconocidos hace años.
En Santa Rosa de Lima, según se conoció por un informe de El Colombiano en mayo de 2025, no habían podido identificar 82 restos, por lo que no descartaron la intervención de la UBDP para hallar a los familiares.