Un grupo de expertos analiza con modelos estadísticos la manera en que respondieron sus exámenes 3.700 médicos que aspiran a ser admitidos en un posgrado de las especialidades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
El alma mater, de esta manera, busca cerciorarse de que ninguno de los profesionales haya logrado burlar las estrictas e históricas medidas que tomó para evitar un fraude, a pesar del escandaloso hallazgo del viernes 10 de abril.
Ese día fueron sorprendidos más de 40 médicos con novedosos aparatos y vestimentas cuando intentaban que expertos les ‘pastelearan’, como dicen en Medellín, las respuestas correctas a las 80 preguntas del estricto examen. Pero comenzaron a ser sorprendidos tan solo quince minutos después de comenzada la prueba.
En el gremio médico circulan versiones, que nadie se atreve a denunciar ante las autoridades, que indican que se cobra entre 60 y 160 millones de pesos para entregar las respuestas —supuestamente— correctas de un examen que, según la Universidad de Antioquia, se preparó para que no admita el fraude.
Sin embargo, en la Facultad de Medicina aún persisten dudas sobre las pruebas de 2025, en las que detectaron a ocho médicos intentando hacer trampa y creen que posiblemente alguno otro lo logró.
Fuentes médicas en diferentes partes del país que viajaron a Medellín y presentaron ese examen, y que esperan un resultado positivo la primera semana de mayo, señalaron que alcanzar un cupo, para lo que deben prepararse durante años dejando de lado sus empleos, es asegurar su futuro. “Es que si uno ingresa, ya tiene su futuro asegurado, es como ser un nuevo rico”, aseveró una persona.
SEMANA habló con Pablo Javier Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y uno de los médicos mejor preparados de ese centro de estudios, quien lleva casi tres años en el cargo pero más de 35 vinculado a esa institución, para que explicara qué sucedió.
SEMANA: Decano, ¿qué pasó el 10 de abril en la prueba de admisión a las especialidades médicas?
Pablo Javier Patiño (P. J. P.): Desde hace mucho tiempo la Facultad y la Universidad hacen una vigilancia estrecha del examen y aunque este tipo de situaciones ocurren, solamente se detectaban intentos de fraude más por copiar o porque la persona con un celular hacía preguntas a través de un celular, pero no algo tan establecido.
Hay un antecedente: el año pasado, en el examen de 2025, tuvimos una situación que nos preocupó y nos evidenció esto: varias personas tomaron registro fotográfico del examen, lo compartieron y no sabemos qué tanto influyó en los resultados de esa convocatoria, es posible que haya habido un fraude.
Ante eso, lo que hicimos fue extremar las condiciones de vigilancia y de preparación del examen. Por primera vez se realizaron varias versiones, o sea, el examen que se aplicó a casi 3.700 personas no fue solo uno. Esto lo podemos hacer por la capacidad académica de profesores y un proceso muy riguroso de custodia, estamos seguros de que el examen no se filtró.
SEMANA: ¿Qué les permite pensar eso?
P. J. P.: Se logra porque se les pide a expertos, profesores de la Facultad, de diferentes áreas, que elaboren preguntas, como para cualquier clase; esos profesores de todas las áreas clínicas de la Facultad comparten unas preguntas a un equipo de expertos que revisa el examen; ese grupo descarta preguntas que no cumplen criterios didácticos, que no son bien elaboradas o son demasiado extensas, muy confusas o no tienen respuestas claras, y finalmente, hay una sola persona encargada de recoger el resultado.
De todos esos equipos de trabajo se consolida el examen, y hay una persona de absoluta confianza, de mucha trayectoria, muy comprometido, que lleva muchos años liderando este proceso, que se encarga de interactuar con la oficina de admisiones y registro, que es la encargada de la custodia del examen, un proceso muy establecido en la universidad.
Eso nos da tranquilidad, el examen no circuló antes de aplicarlo, pero ante el antecedente del año pasado, lo que se hizo fue un entrenamiento de los profesores de la facultad que tuvimos en las aulas de las ocho sedes distintas de la universidad donde se presentó el examen, que son la Facultad de Odontología, la de Enfermería, la de Salud Pública, el Hospital San Vicente, la sede de extensión de la universidad, la sede de posgrados en Guayabal y el Parque de la Vida.
En todas esas aulas se distribuyen los estudiantes y al menos dos profesores vigilando, además de 80 personas del equipo administrativo de la facultad acompañando el proceso.
SEMANA: ¿Qué encontraron ese día?
P. J. P.: No sabíamos que iban a ser de tamaña magnitud los hallazgos. La oferta de valor de esta red ilegal, criminal, es que a las personas que contratan con ellos, en cuestión de 30 o 40 minutos, les empiezan a mandar las respuestas supuestamente correctas. El examen se programa por dos horas y media, es muy difícil, no es sencillo, las personas se tienen que programar para hacer este examen en ese tiempo. Esta red lo que hace es inscribir algunas personas, que son médicos graduados, y las dotan con dispositivos para registro fotográfico, celulares, cámaras que se ponen en la ropa y gafas inteligentes.
Estas personas toman el registro y lo envían al exterior a un grupo que está atento a recibir las preguntas y procede a responder el examen. Una vez con las respuestas, las envían a las personas que tienen esos dispositivos de comunicación, estos son inalámbricos, se conectan a un celular, o reciben señales de radio, es posible que en la zona cercana haya alguna persona transmitiendo.
SEMANA: Además de los dispositivos, ¿qué delató a los tramposos?
P. J. P.: Desde muy rápido en el proceso se identificó a las personas que tenían esos dispositivos, tanto para transmitir las imágenes como para recibir las respuestas. A las 8:15 se detectó el primer caso, se dio una señal de alarma a todos los profesores y funcionarios que estaban en las diferentes sedes.
Primero era la forma de vestir, ellos necesitaban cubrirse, que no fuera fácil evidenciar que tuvieran pegado a sus cuerpos estos dispositivos; los pegaron con microporo, con cinta, incluso un hombre utilizó un brasier para ponerse el dispositivo. Lo otro es que como no pudieron tener el acceso al examen, quienes estaban esperando las respuestas se vieron acorralados, se pusieron nerviosos, el comportamiento de muchos de ellos fue el que los evidenció. Empezaron a pedir por los dispositivos —que estaban conectados por bluetooth— que les dijeran las respuestas y no las recibieron.
Entre los mismos aspirantes plantearon la crítica, el señalamiento, incluso los que se sorprendieron in fraganti dijeron que había otras personas con esos dispositivos. Usaron un pequeño auricular que se pone en el canal auditivo, no se ve, hubo que retirarlo con pinzas en algunas personas.
Así logramos prevenir que salieran las fotografías del examen y se vieron acorralados en el momento en que no tenían forma de responder las preguntas, logramos frenar el fraude, pero no nos esperábamos que fuera a ser de esta magnitud, tanto en número como en el desarrollo tecnológico.
SEMANA: ¿Esto sucede solamente en la Universidad de Antioquia?
P. J. P.: Ya sabemos que en otras universidades también intentaron el fraude, me llamó el decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que este año tuvieron intento de fraude; en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena también hubo en el examen de posgrado de las especialidades médicas.
Pero en la Universidad de Antioquia es donde más se presentan aspirantes por varias circunstancias: por la trayectoria de la facultad, el reconocimiento, el nivel académico y también porque el pago de la matrícula es muy bajo frente a otras universidades públicas y privadas del país.
Por ejemplo, la inscripción para el examen es de un salario mínimo, pero para la matrícula, la universidad tiene un subsidio: no cobra matrícula para las especialidades médicas, solamente algo que se llama derechos complementarios.
Si se cobrara la matrícula podrían ser entre 10 y 11 salarios mínimos por semestre (cerca de 19 millones de pesos), y los derechos complementarios son la cuarta parte, alrededor de 2,5 salarios mínimos. Frente a cualquier otra institución del país, es muy bajo el valor a inscribirse.
SEMANA: ¿Qué se sabe de la mafia que ofrece resolver los exámenes?
P. J. P.: No tenemos evidencias para individualizar a personas o una empresa, sin embargo, el modus operandi es muy claro: todos a los que sorprendimos tenían el mismo dispositivo, tanto inalámbrico como el audífono que se colocaban, eran iguales.
Además, por el nivel de especialidad de estos exámenes, es posible que no sea un grupo muy amplio, pero sí participan expertos en telecomunicaciones, informática, expertos médicos...; es una preocupación que tenemos hoy frente al comportamiento ético de los profesionales médicos en el país.
SEMANA: Usted mencionó que existía la posibilidad que alguien haya ingresado tras hacer trampa en el examen de 2025, ¿han recibido alguna queja de esos especialistas que sí ingresaron legalmente?
P. J. P.: No hemos tenido alguna comunicación de la cohorte de 2025. Me genera alguna inquietud. Es posible que algunas personas que ingresaron el año pasado lo hayan hecho con fraude, hay dudas, tenemos inquietudes, no puedo poner las manos en el fuego por nadie.
SEMANA: ¿Qué decisiones tomará la facultad frente a los 40 médicos tramposos de este año?
P. J. P.: La sanción de la universidad para la presentación a los exámenes es un veto de cinco años, esa es una primera medida, vamos a remitir los casos a los tribunales de ética del país, para que hagan un debido proceso del comportamiento de estos médicos, pero hay una tercera opción y es llevar esto a la justicia ordinaria, aquí hay un delito, que es fraude procesal.
Vamos a usar todo lo que podamos, es un mensaje a la sociedad, tenemos que tratar de recuperar la integridad de este tipo de procesos, del comportamiento de los profesionales médicos y de salud, esas personas van a poner por encima intereses económicos sobre el interés de un paciente.