Explota crisis en la Universidad de Antioquia: un supuesto agente infiltrado, denuncias de corrupción y un déficit millonario

A la Universidad de Antioquia le cayeron todos los males al mismo tiempo: la entidad de educación superior pública más importante de los paisas está atravesando por una crisis financiera sin antecedentes en los últimos 20 años, por una crisis ética y una de gobernabilidad.

La situación llevó a que el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en diálogo con SEMANA cuestionara el papel del rector John Jairo Arboleda.

“El rector es una buena persona, yo no voté por él, pero pienso que se le salió esa situación de las manos, acá se necesita alguien con criterio”, dijo el mandatario regional.

Su crítica tiene que ver con el manejo que, según Andrés Julián Rendón, el rector le ha dado a los recursos de la institución educativa.

“Ha sido muy mal manejada en los últimos años, parte del problema financiero se explica en dos razones: un decreto del Gobierno nacional, que remunera la investigación de los profesores, que reciben un incentivo a la investigación asociado al nivel de formación que tienen, lo mismo a los paper o publicaciones que tengan en revistas indexadas internacionalmente, entonces hay profesores que terminan ganándose 50, 60 u 80 millones de pesos mensualmente, algo que el Gobierno nacional tiene que corregir”, dijo.

El otro motivo, explicó, tiene que ver con la asignación de horas cátedra: “Los mismos profesores ya no dan clase, se dedican a producir esos documentos que les da una remuneración exorbitante y la universidad tiene que salir a contratar profesores externos para que mantengan el curso académico de los distintos programas”.

Pero hay más. El gobernador cuestionó con firmeza la presencia de Wilmar Mejía, el director de inteligencia del gobierno Petro en el Consejo Superior Universitario de la institución.

“Es muy lamentable que Petro hubiese nombrado un agente de inteligencia como miembro del Consejo Superior del Alma Máter de los antioqueños, eso es muy reprochable, eso no debió pasar. ¿Se imagina si en otro gobierno hubiesen nombrado en un consejo superior un agente del DAS?”, señaló.

Esta grave situación fue calificada como una crisis de gobernabilidad que, según María Isabel Duque Roldán, profesora de la facultad de Ciencias Económicas y representante profesoral ante el CSU, tiene a la Universidad de Antioquia a la deriva.

“El escándalo de Wilmar nos está llevando a una crisis de gobernanza, porque hay una pugna entre el Gobierno nacional y el gobierno departamental. Además es muy preocupante que un miembro de la inteligencia sea miembro del CSU, eso es peligroso, no es conveniente por lo que ha pasado en la universidad pública, quien tiene que tomar decisiones es el Gobierno Petro”, manifestó la profesora a SEMANA.

Como ejemplo, citó la tensionante sesión del CSU el pasado miércoles, cuando cinco consejeros abandonaron el salón en el que planeaban discutir la situación crítica de la universidad al ver sentado en una de las sillas al delegado del Gobierno Petro, señalado de supuestos graves favorecimientos a las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

En medio de ese escándalo del papel de Mejía, conocido como el Chulo, al interior de la Universidad, surgió otro escándalo que es considerado por algunos como la punta del iceberg de una presunta cadena de corrupción en el corazón del Alma Máter.

Laura Melissa Olarte Gutiérrez, representante de estudiantes, y Giovany Caro Uribe, representante de egresados, pidieron a la Fiscalía y Procuraduría investigar una serie de movidas en la Facultad de Ingeniería que tienen que ver con la entrega de contratos, pagos elevados de horas de cátedra y podrían, según ellos, configurarse en varios delitos: peculado, celebración indebida de contratos y detrimento patrimonial, entre otros.

“Las irregularidades se conocieron con un ejercicio de veeduría y control a través de recibir denuncias, hacer derechos de petición”, le dijo Laura Melissa a SEMANA.

“Por ejemplo, el caso de una señora que tenía una hija contratada en la misma facultad. Llegó un estudiante y nos dijo: mirá, a esta señora le metieron a una hija al proyecto, gana el salario como si fuera una doctora y es una persona recién graduada. Es raro y dice uno ¿qué está pasando?”, explicó la primera representante estudiantil en más de 20 años.

Según la estudiante, junto al representante de los egresados se propusieron revisar unos 200 contratos de esa facultad, pero cuando iban en 17 levantaron la mano.

“Hay un chico que tiene contrato de cátedra de dos meses con asignación de cátedra de 147 horas, pero aparte tiene su contrato de planta, administrativo, que es de tiempo completo”, denunció.

A esos dos casos, afirmó Laura Melissa, se le suman por lo menos otros seis de profesores o trabajadores administrativos de la facultad de Ingeniería que acumulan varios contratos con funciones similares.

“El pedido es que los ordenadores del gasto tengan un ejercicio ético en la contratación, con su planta administrativa, de cátedra, porque eso afecta la crisis financiera de la universidad”, señaló.

Y es que la situación económica de la U. de A. está tan difícil, que la profesora Duque estima entre 400 mil millones de pesos y 500 mil millones de pesos es el desfinanciamiento acumulado de los últimos años.

“Las actividades misionales están en riesgo, se han cerrado posgrados, estamos tomando medidas para reducir la contratación de profesorado de cátedra, cerrar cursos, ampliar número de estudiantes por curso, ampliar la virtualización, muchos asuntos que pueden poner en riesgo la misionalidad que ha distinguido a la U. de A. como una de las mejores del país, es muy triste”, dijo.

Aún más, según señaló, la crisis financiera se ha agravado de manera acelerada, “al punto de que en diciembre no se van a poder pagar todos los salarios, primas, y demás conceptos laborales a todos los profesores y empleados, deberá ser de manera escalonada entre diciembre y enero, y para el 2026 tendrá que haber un recorte radical en el presupuesto, porque los ingresos que recibimos no alcanzan para cubrir los gastos”.

Entonces, ¿cuál es la salida? La Universidad ha tomado algunos caminos, como vender algunos predios que tenía en Barbosa, ofertar otros que están en otras partes del país y considera que no cumplen con roles de su misionalidad.

Pero la profesora Duque llamó a un mea culpa sobre lo que está ocurriendo. “Eso no quiere decir que como universidad no nos tengamos que revisar, hacer recortes donde tengamos que hacerlos, reconocer errores administrativos de administraciones que han crecido sin techo, sin recursos”.

Para conocer su postura sobre la dramática situación de la U. de A., que cuenta con más de 53 mil estudiantes, SEMANA intentó comunicarse con el rector Arboleda. Sin embargo, esto no fue posible. El funcionario delegó al decano de la Facultad de Ingeniería Julio César Saldarriaga, para que respondiera por los graves señalamientos, que algunos consideran delito, y otros como simples desvíos éticos que podrían tener consecuencias en lo disciplinario.

“Tengo toda la tranquilidad, estaremos preparados para mostrarles a los entes de control los contratos”, dijo el decano en diálogo telefónico con SEMANA.

Saldarriaga desestimó que haya hechos de corrupción en los contratos, aseguró que están apegados a la ley y que incluso lo que hace es cumplir con los requerimientos de las entidades que contratan los proyectos a la Universidad.

“Nosotros hoy, en el proyecto que están poniendo en tela de juicio, les hemos entregado a la Facultad y a la Universidad un valor muy cercano en utilidades de unos 8.000 millones de pesos. Le aseguro que estos proyectos con estas personas están soportados en las experticias y en los conocimientos”, añadió.

También manifestó que puede ser sospechoso que estas denuncias aparecieran a pocos días de que se diera una nueva elección para su cargo.

“Es muy suspicaz el asunto, porque esta denuncia la sacaron dos días antes de una votación interna que hace la universidad con los decanos, se hace una elección con estudiantes, con profesores. Yo me sentí no rindiendo un plan de acción sino haciendo un proceso de defensa ante un juez”, indicó.

Por su parte, el diputado de Antioquia Luis Gabriel Gómez, aseguró que esta situación en la universidad había sido alertada.

“Lo de Wilmar Mejía es solo la punta del iceberg. Nosotros hemos venido advirtiendo la situación de la U. de A. desde el gobierno pasado, desde allí se avizoraba la grave crisis”, dijo.

El funcionario aseguró que incluso ha propuesto en la Asamblea departamental cambios para tratar de aliviar la situación universitaria. “Hemos propuesto que el déficit no puede seguir subiendo, y la Universidad pretende que el departamento le solucione el déficit cuando ha estado cumpliendo. Pero la transferencia gruesa le corresponde a la nación, crearon un programa como Matrícula Cero, que no tiene sostenibilidad financiera en el tiempo”, dijo.

“Y a eso se suma que los profesores en universidades privadas hace tres por uno, es decir, por un mismo sueldo hace cátedra, hacen extensión e investigación. En la de Antioquia contratan uno para cátedra, otro para extensión y otro para investigación, eso ha hecho que el presupuesto de la universidad no tenga la capacidad de resolver esos asuntos”, agregó.