La Procuraduría se sumó al pedido de la Fiscalía para que Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sea enviado a la cárcel.
El delegado de ese organismo, José Luis Ochoa Escobar, se pronunció en ese sentido este martes 16 de septiembre, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del exconcejal.
“La Fiscalía cumple con unos requisitos constitucionales, nos señala que es proteger la prueba y nos da elementos claros de por qué se puede perder, porque ya incluso dos de los testigos han sido objeto de presión, una de ellas está bajo protección del Estado”, señaló el funcionario.
Incluso, esbozó que, como lo evidenció la Fiscalía, “la familia de uno de los procesados” fue presionada para ejercer presión en él, “para que se abstenga de declarar”.
Además, dijo que “existe gran capacidad de que pueda evadir la justicia, salir del país, por eso se depreca una medida de aseguramiento en su contra”.
Durante la diligencia, que comenzó este martes a las 2:00 p. m. ante el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, la Fiscalía reveló explosivas evidencias que comprometerían a Quintero Calle.
Entre estas, visitas de varios abogados a la cárcel de El Pedregal, en Medellín, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, para que Misael Cadavid, testigo estrella de la Fiscalía, no colaborara con la justicia.
“Recibí dos visitas a ofrecerme sus servicios… He recibido ofrecimiento de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de La Estrella, que costaba $400 millones, que él ponía $200 millones y que yo pusiera $200 millones. El ofrecimiento fue rechazado”, dijo Cadavid en interrogatorio bajo juramento.
“Me visitó el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz Tabares; básicamente fue a llevarme una razón de parte del jefe. El acceso se extendió a su hija, citada al despacho del alcalde y presionada para aceptar abogados que ella rechazó”, agregó.
Misael Cadavid era el representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, entidad que, según la Fiscalía, fue usada para contratar con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y saquear recursos de seis contratos superiores a 17 mil millones de pesos.
Cadavid, luego de ser capturado e imputado a cargos, firmó un principio de oportunidad para que la persecución penal en su contra cesara y se convirtió en el testigo más importante contra Miguel Quintero Calle.
Pero no es el único. La Fiscalía también tiene como pruebas el preacuerdo firmado por Juan Alberto Cardona Henao, el extesorero de los bomberos, quien admitió haber falsificado documentos para elevar los costos de elementos que debían comprarse a través de esos contratos.
Otra de las graves revelaciones de la Fiscalía tiene que ver con las múltiples consultas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), en el que el ente acusador documenta sus investigaciones.
Según la fiscal 40, “varios usuarios de la Fiscalía consultaron en Spoa el radicado 050016000248202423559 y los datos del imputado. Una servidora de la entidad, sin asignación del caso, descargó los archivos del expediente. Es material reservado y aún no descubierto, que incluye a testigos de cargo pendientes”.
Aunque Miguel Quintero Calle se declaró inocente, la Fiscalía lo señala de ser el cerebro detrás de ese entramado criminal.
Incluso, argumentó que podría escapar del país al verse sometido por la justicia y reveló nueve salidas que este ya tuvo a Orlando y Panamá. “Quintero Calle permaneció 65 días fuera del país. Dentro de ese lapso, Ortega Urán viajó a Ciudad de Panamá el 14 de junio y retornó el 15 —un desplazamiento de 24 horas, con salida e ingreso por el mismo puesto de control—, y Quintero Calle reingresó desde esa misma ciudad al día siguiente”, detalló la Fiscalía.
Según la Fiscalía, de los 17.000 millones de pesos de los contratos en cuestión, 2.481 millones de pesos fueron apropiados por Miguel Quintero Calle, 1.654 en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
En esta investigación también están vinculados Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, Vanessa Álvarez, Álvaro Villada y Sebastián de Dios Ortega.
Sobre este último, el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad de víctima, también pedirá que sea enviado a la cárcel.
La próxima audiencia fue fijada para el lunes 21 de septiembre.