Una decisión del Consejo de Estado tumbó la suspensión de las órdenes de captura que beneficiaba a siete señalados peligrosos cabecillas de bandas delincuenciales con amplio poder en Medellín, en algunos de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá y en Bogotá y Soacha que están en libertad.
Entre los cabecillas que ya han pagado condenas por graves delitos está Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert.
Albert, quien fuera un cabecilla histórico de la banda Pachelly, que delinquía en el municipio de Bello, ha sido capturado en varias ocasiones y condenado por concierto para delinquir.
Su poder en esa organización delincuencial llevó a las autoridades a señalarlo como un poderoso delincuente en la estructura de la llamada Oficina.
También Edilberto o Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo. Esta persona, que enfrentó la justicia con dos nombres diferentes, fue detenido en Chile en 2014, a donde había huído tras la captura de su jefe Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, el cabecilla de la Oficina capturado en una finca y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Mundo Malo, que fue guerrillero y después paramilitar, según información de la Policía, fue señalado en ese entonces de desplazamiento forzado de más de 14 familias en el oriente de Medellín, de apoderarse de sus viviendas y someter a extorsión a comerciantes y transportadores de los barrios Santo Domingo Savio, La Avanzada, Granizal, Moscú y La Esperanza, en el nororiente de la ciudad.
Luego de huir a Chile, en ese país, según la Policía, implementó millonarias rutas de préstamos gota a gota y fue detenido con circular azul de Interpol.
Otro de los incluidos en la medida cautelar urgente adoptada por el Consejo de Estados es Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo.
La Policía lo detuvo en 2021 al considerarlo el segundo cabecilla de la banda Los Triana, que tiene influencia en las comunas 1 (Popular) y 2 (Santa Cruz) de Medellín, además, de las comunas 10 y 11 del municipio de Bello.
Cayó en una finca el municipio de Copacabana y como detalle de su detención, la Policía aseguró que tenía loros entrenados para alertar sobre la presencia de las autoridades. “Ahí vienen, ahí vienen”, parloteaban los animales.
Además, fue incluido en la decisión del Consejo de Estado ; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente.
Clemente fue considerado en 2019 como el delincuente más poderoso de La Oficina, cayó en un operativo de las autoridades en una lujosa zona del embalse de La Fe, en el municipio de El Retiro, y trasladado a Medellín.
Le atribuyeron el envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos. El entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, señaló que movía semanalmente 1.200 millones de pesos productos de ilícitos. Además, que pasó durante más de 20 años en La Oficina, donde delinquió, según dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en ese entonces, al lado de capos como alias Rogelio, alias Tom y alias Pichi.
La lista la cierran Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero, cabecilla de la banda El Mesa, agrupación criminal con presencia en el Valle de Aburrá, el Oriente y el suroeste antioqueño, así como en Bogotá y Soacha.
“Ha sembrado terror en el Oriente antioqueño y en otras regiones del país como Bogotá. Desde Antioquia teníamos razón al advertir el enorme riesgo que representaba tener a esos bandidos en las calles”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció. “Lo dijimos desde el primer día. Y la justicia nos dio la razón. El Consejo de Estado acaba de suspender los beneficios a siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias el Montañero. Criminales que durante años han sembrado violencia, extorsión, desplazamiento y miedo en nuestros barrios”, dijo.
El Consejo de Estado tuvo en cuenta para decretar la medida cautelar alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la resolución de la Fiscalía en la que ordenó el levantamiento de esas órdenes de captura, nueve oficios suscritos el 2 de abril de 2026 por la Gobernación de Antioquia y dirigidos al INPEC, a la UARIV, al municipio y al Concejo de Rionegro, a la Defensoría del Pueblo, a la Embajada de los Estados Unidos, a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Fiscalía General de la Nación y a la INTERPOL, con el fin de obtener información sobre la existencia de requerimientos judiciales.
Pero además, el informe periodístico de este medio del 4 de abril de 2026 que fue portada, titulado Fracasó la paz total: cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro volvieron a delinquir. SEMANA revela alarmante radiografía.