El fallo que condena al consorcio de la Ruta del Sol II a pagar una indemnización de 800.000 millones de pesos al Estado resultó histórico no solo por las magnitud de esa suma. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también inhabilitó por 10 años a los integrantes de ese grupo para que participen de la contratación pública, por cuenta de su participación o conocimiento de los hechos de corrupción que tuvieron lugar en esa obra. Esa decisión recae sobre Odebrecht, socio mayoritario, Episol, filial de Corficolombiana, y CSS Constructores, del grupo Solarte. Si la determinación llega a ser confirmada por el Consejo de Estado, última instancia de la justicia administrativa, esas empresas no podrían seguir participando de las obras públicas. Episol y CSS Constructores, gigantes de la infraestructura, intervienen–con distintos porcentajes accionarios- en 9 megaproyectos distribuidos por todo el país, cuyos contratos suman 25,9 billones de pesos. Entre esos hay vías de tercera y cuarta generación y hasta la operación del aeropuerto internacional El Dorado.  Haga clic aquí para continuar leyendo el artículo.