A menos de 20 días de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente, encabezado por la ministra (e) Irene Vélez, relacionadas con el macizo de Santurbán. Según los voceros, las medidas afectarían la minería tradicional y legal, vulnerarían los derechos de las comunidades y favorecerían la explotación ilegal en la zona.
“Estamos muy preocupados, pues con estas tres resoluciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Todos los pequeños mineros que queremos ser formales, al igual que los titulares mineros legales, vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad. Los pequeños mineros no somos delincuentes, somos víctimas de un complot politiquero que quieren dejar a las carreras para afectar al próximo Gobierno”, afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y del POMCA del Alto Lebrija.
El primer cuestionamiento de las organizaciones está dirigido a la denominada “delimitación progresiva de Santurbán”. Sostienen que el mecanismo no tendría viabilidad jurídica y recuerdan que el propio Ministerio de Ambiente respondió al Tribunal Administrativo de Santander, en 2023, que una delimitación parcial no cumplía con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017, la cual exige concertar el proceso con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander involucrados.
También rechazaron la declaración de una zona de reserva permanente en el municipio de California (Santander), al considerar que fue expedida sin la participación de las comunidades, en contravía del Acuerdo de Escazú. Asimismo, cuestionaron el documento técnico del Servicio Geológico Colombiano que sirvió de soporte para la medida y aseguraron que presenta inconsistencias.
La tercera resolución corresponde a la prórroga de la zona de reserva temporal hasta 2029. Según las organizaciones, esta decisión deja en incertidumbre a seis municipios cuya economía depende de la minería y, desde su implementación en 2023, ha afectado a los mineros legales sin frenar la explotación ilegal del páramo.
“Es increíble que no cumplan con la delimitación que hizo este mismo Gobierno, y que desconozcan la respuesta que le dieron al tribunal indicando que no se podía delimitar parcialmente. Esto es una pataleta peligrosa e ilegal de quienes creían que se iban a quedar en el poder, y ahora quieren presionar al Gobierno entrante, para luego decir falsamente que fueron ellos los que protegieron el medioambiente. Están haciendo cosas muy mal hechas y que seguramente a muchos esto los va a llevar a la cárcel”, aseguró González.
Las organizaciones también afirmaron que el proceso de delimitación de Santurbán fue abandonado por el Gobierno en 2023, como lo señaló el Tribunal Administrativo de Santander, y que solo fue retomado a menos de un mes de finalizar el mandato presidencial. Además, cuestionaron que las resoluciones fueran publicadas un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara nuevos estudios técnicos internacionales para revisar la controversia sobre el páramo.
Ante esta situación, anunciaron que presentarán denuncias por presunto fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra el Ministerio de Ambiente y los funcionarios responsables.
La lideresa aseguró que las decisiones son el resultado de una “mesa de concertación exprés” y de reuniones realizadas, según dijo, sin participación de las comunidades ni de los organismos de control. “Todo esto se supo solo porque nosotros los dejamos en evidencia. Es una jugada política amañada con los activistas políticos, congresistas y diputados afines a este Gobierno”, manifestó.
“Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de Santander para que impidan esta flagrante violación al debido proceso y a los derechos de participación de las comunidades de Soto Norte, Bucaramanga, y los más de 20 municipios excluidos de la delimitación del Páramo”, concluyó González.