En un país acostumbrado a debatirse entre trincheras ideológicas, el hecho de que la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad el proyecto de ley nuclear es una excepción luminosa. Todos los partidos, de gobierno y de oposición, votaron en la misma dirección, no por cálculo político, sino por sentido de futuro. En una oportunidad feliz, el Congreso de la República dejó de discutir sobre sus diferencias y empezó a construir su porvenir.
La aprobación de esta ley no es un gesto simbólico, sino un paso estructural hacia la modernización de la arquitectura institucional nuclear del país. Durante décadas, las funciones de regulación han estado dispersas entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales de salud, generando ineficiencia, duplicidad de trámites y vacíos en el control. La creación de una Agencia Nacional de Seguridad Nuclear permitirá centralizar las competencias, mejorar el licenciamiento y supervisar con estándares equivalentes a los formulados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Este proyecto no solo moderniza la institucionalidad: fortalece la capacidad del país para enfrentar desafíos de salud, ambientales y energéticos. En el ámbito médico, permitirá dotar a Colombia de mejores herramientas para la lucha contra el cáncer, al garantizar el uso seguro de radiofármacos y la expansión de la medicina nuclear a regiones donde hoy no existe acceso. A su vez, abre la posibilidad futura de una matriz energética nacional que cuente con una fuente firme, segura y de bajas emisiones de carbono, capaz de complementar a las energías renovables.
El debate global no es si la energía nuclear debe o no formar parte de la transición energética, sino cómo hacerlo de manera segura y transparente. Sustituir progresivamente el carbón por energía nuclear no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejorará la calidad del aire en las zonas industriales del país, donde la contaminación cobra vidas. Es muy claro que las transiciones energéticas no se decretan: se construyen lentamente, con instituciones sólidas, planificación técnica y visión de largo plazo. Esta ley encarna justamente ese espíritu: una apuesta por la madurez tecnológica y por una política energética que mire más allá del ciclo político.
Tras su aprobación unánime en la Cámara, el proyecto de ley nuclear pasará ahora al Senado, donde continuará su trámite legislativo. Su discusión será una nueva oportunidad para mantener ese raro consenso nacional que une a todos los sectores en torno a la ciencia, la seguridad y el futuro sostenible del país.