A mediados de los años ochenta, las normas existentes en el fútbol profesional colombiano establecían que solo cuatro extranjeros, como máximo, podían hacer parte de un equipo profesional que participara en el campeonato. Desafortunadamente, al mismo tiempo, en buena parte de los equipos había penetrado directa o indirectamente la mano siniestra del narcotráfico.

Como las calidades de los futbolistas colombianos todavía no eran plenamente reconocidas y la danza de los millones en las transacciones de jugadores aún no había empezado, los equipos colombianos se esforzaban para incorporar a sus nóminas a rutilantes estrellas extranjeras a las que se les pagaban grandes fortunas.

Sin embargo, la limitación del número de jugadores extranjeros llevó a la práctica de nacionalizarlos como colombianos, por el Ministerio de Relaciones Exteriores: así se eludía la norma.

Para ese efecto, siempre había padrinos que ayudaban a realizar la gestión de nacionalización: los congresistas de diferentes regiones, los alcaldes y gobernadores e incluso altos funcionarios servían de intermediarios.

Los jugadores usaban la nacionalidad colombiana mientras estaba vigente su contrato, después la botaban junto con la camiseta del equipo al que habían pertenecido. Incluso, uno de ellos, al regresar a su país de origen, abjuró públicamente de la nacionalidad colombiana que le había sido otorgada, como si aquella fuera una carga moral.

La práctica de otorgar la nacionalidad a los jugadores fue abortada abruptamente cuando llegó la administración de Virgilio Barco. No sin los riesgos que implicaban para el gobierno romperla: insultos, editoriales en periódicos regionales y hundimiento de proyectos en el congreso. Pero se asumió.

Ahora el país se ha enterado de que el gobierno le ha concedido la nacionalidad colombiana al exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, no obstante que se encuentra en una prisión de alta seguridad en ese país, sentenciado entre otras cosas por el delito de peculado durante el gobierno de Correa, que también es prófugo de la justicia ecuatoriana.

Glass, además de haber sido vicepresidente, ocupó importantes cargos en la administración de Rafael Correa, hasta que en diciembre de 2017 fue sentenciado por el caso Odebrecht y más tarde, recibió otra sentencia de ocho años por cohecho pasivo agravado.

Este personaje había sido objeto de la atención internacional, a raíz de la absurda irrupción de fuerzas ecuatorianas a la residencia de la embajada mexicana, donde se encontraba asilado.

Ahora, el Gobierno colombiano ha solicitado al de Ecuador su entrega, teniendo en cuenta que es un “ciudadano colombiano”: Novoa rechazó el requerimiento. No se sabe quién fue el gestor de esa diligencia. De pronto el expresidente Correa, buen amigo del primer mandatario de Colombia, tiene alguna información.

Un procedimiento parecido siguió el régimen de Maduro, al darle al colombiano Alex Saab, no solamente la nacionalidad venezolana, sino al designarlo en un alto cargo con estatus diplomático, después de que fue detenido en Cabo Verde, África.

La decisión de otorgar la nacionalidad colombiana a Glass, para abstraerlo de la acción de la justicia de ese país, hace recordar la estrategia en los ochenta con los jugadores de fútbol.

Como aquí nos hemos acostumbrado a que cualquier cosa se puede decir y con frecuencia algo inesperado ocurre, de pronto se le podría otorgar la nacionalidad colombiana a Maduro y a sus allegados. Así la presión norteamericana no sería solamente sobre Venezuela.

Sería, además, un bonito gesto con Maduro, Diosdado Cabello y el general Padrino López.