Y no me refiero al bodrio de Petro. Me refiero al mandato de más de mil alcaldes y gobernadores que han sufrido al gobierno del Pacto Histórico. Tristemente, a veces, se suman las tragedias y hoy los entes territoriales sufren la pesadilla histórica del centralismo fiscal, aunada a la que serías la mayor incompetencia, corrupción y sectarismo de toda la historia de la República.

La historia se repite en municipio tras municipio. Detrás del clamor angustiado por la seguridad se oye la frustración por la inoperancia de todos los ministerios, sus fondos y del Departamento Nacional de Planeación en este Gobierno.

El centralismo fiscal de la Nación, que terminó siendo emulado por unos departamentos potenciados en recursos y liberados de responsabilidades, es una plaga, un cáncer que socava la credibilidad del Estado y somete al escarnio, manipulación y corrupción a los alcaldes del país y también a muchos gobernadores, sobre todo en los territorios más pequeños del país.

El calvario se agrava cuanto más pequeño sea el municipio. Para los grandes municipios es duro, pero tienen oficinas de enlace y gestión de proyectos poderosas que se encargan del intenso lobby requerido en la ruta de la infamia de los ministerios e institutos del nivel central. Los pequeños no tienen la planta de especialistas y consultores. El alcalde, por lo general, abandona su gestión local para emprender el oscuro ritual de rogar por recursos de financiación o cofinanciación en Bogotá.

Un ritual centralista y construido para la corrupción. Lo primero que debe tener el alcalde no es identificar su necesidad o lograr un estudio de viabilidad para la solución del problema que aqueja a sus administrados. ¡Lo primero es el padrino! Sin un senador o representante fuerte, que obviamente quiere su ‘mordida’, las posibilidades de avanzar o lograr algo para llevar a sus comunidades son remotas.

Con el apoyo de un parlamentario, incierto y dudoso, el alcalde debe asimilar la maraña de requisitos y procedimientos que en cada ministerio e instituto es diferente y caprichosa. Es increíble, pero cierto. Cada entidad ocupa a sus burócratas en formular pliegos, requisitos y trampas en un sistema construido sobre la desconfianza, los mitos y las triquiñuelas.

Triquiñuelas porque muchos de estos controles son vacíos y generan costos gravosos y tiempos dilatados de gestión. Aportan poco valor real de control o información estadística relevante. Lo que sí permiten es que cada fortín burocrático pueda pelechar pidiendo coimas a alcaldes desesperados en cada aprobación. Una carrera diabólica de obstáculos que permite “poner la mano” para pedir el soborno condicionando la aprobación. El Estado contra su expresión más importante y cercana a la ciudadanía: la alcaldía. Mucha de la plata del situado fiscal y de regalías hace el recorrido infame de ir hasta el municipio y volver a la capital como sobornos.

Falta la conocida tortura de los estudios. Prefactibilidades, factibilidades, viabilidades, diseños y evaluaciones de impactos son la norma, bajo la excusa del supuesto enfoque técnico de la gestión pública. Pero los únicos estudios que realmente sirven son los que se contratan con el “recomendado” del funcionario. El “experto” no tiene idea de las necesidades y soluciones que requiere la comunidad y posiblemente nunca irá al pueblo que pretende ayudar, pero sí está dispuesto a firmar y compartir su jugoso honorario con quien lo recomienda.

Otra rueda del odioso sistema, diseñado para “moler” y manipular a los alcaldes y gobernadores, es la calculada incertidumbre sobre el resultado. El municipio o el departamento debe invertir en estudios, viajes y gestores sus escasos recursos de inversión a riesgo. El alcalde no tiene certeza alguna de que logrará obtener los recursos dentro de su periodo y, en muchos casos, si los obtiene o se los aseguran, no ejecutará las obras en su mandato. ¡No importa! Dirán los facilistas y superficiales. Lo importante es el beneficio de la comunidad y no del alcalde como gestor público. Esta perogrullada buenista evade además la realidad de a puño de que uno de los principales deportes de toda autoridad pública en el país es abandonar y dejar de lado las obras y programas del antecesor. Si lo hace el presidente, lo hace todo el mundo de allí para abajo.

Trancar recursos de cofinanciación, poner a los peores corruptos a pedir mordida en Planeación y los ministerios en cada etapa (de hecho, la coima que piden ha subido con los nuevos corruptos de izquierda) y generar incertidumbre a los gobernantes no lo ordena Petro por odio o resentimiento con los municipios donde no ganó en las elecciones. Claro que ha intentado condicionar a muchos y “soltó” para propósitos especiales en el Congreso o en la reciente consulta del Pacto Histórico. Pero en realidad lo hace para socavar a los líderes municipales, mostrarlos ante su constituyente como ineficientes y, de paso, agravar las necesidades de la gente. La cosecha de esta estrategia cínica e inmoral, se imagina la izquierda, es alimentar la insatisfacción popular de cara a las elecciones territoriales de 2027 y, sobre todo, de 2030, donde la izquierda aspira a volver al poder.

Frente a esta táctica siniestra, junto con Abelardo y en pro de la descentralización y el rescate de las presentes administraciones de entes territoriales, estamos diseñando un plan de choque que descentralice de inmediato, regionalmente, la gestión y aprobación de recursos y proyectos, incluyendo gerencias estratégicas regionales y subregionales, la ampliación de la delegación en las administraciones locales bajo la extensión de la modalidad de contratación llave en mano, que ha tenido logros en Fonsecon para edificios públicos, y la homologación y simplificación de trámites para cualquier tipo de proyectos. A trabajar, alcaldes y gobernadores: con Abelardo sus mandatos no serán perdidos.