Era oficial de la Guardia Nacional y jefe de inteligencia, el dueño del terror. Cursó estudios en la Escuela de las Américas, llegó a estar en la nómina de la CIA durante las negociaciones por el Canal. Tenía información sobre el gobierno cubano y, más tarde, sobre el gobierno sandinista, llevando apoyo logístico a los contras.
Pero también era doble agente; pasaba información a Cuba y armas al sandinismo y al FMLN salvadoreño. Lo hacía por su cuenta, según algunos, a espaldas del presidente Torrijos. La muerte de este último en 1981, en un sospechoso accidente de aviación, permitió a Manuel Noriega llegar a la cima. Ya entonces general —y dictador a partir de 1984, pero nunca presidente— concentró en sus manos el poder político, la represión y el dinero.
Aunque en realidad era triple agente: hombre del Cartel de Medellín y socio en sus negocios, narcotráfico y lavado. Por añadidura, ello incluía a las Farc. En eso fue pionero, precursor de un tipo de régimen que sería más conocido en este siglo: una dictadura, instrumento del crimen organizado. Un orden político sostenido y financiado por negocios ilícitos, a la postre un conglomerado criminal que controlaba el aparato del Estado. Hoy sería un “narcoestado”.
Ante ello, en noviembre de 1987, una resolución del Senado de Estados Unidos suspendió la ayuda económica y militar a Panamá, lo que precipitó el default de la deuda externa y generó una contracción del producto del 20 %. En febrero de 1988, el Departamento de Justicia lo imputó por doce cargos. “En lenguaje simple, Noriega utilizó su posición para vender Panamá a los narcotraficantes”, dijo entonces el fiscal —United States Attorney de Miami— que formuló la acusación.
En las elecciones de mayo de 1989 la oposición ganó por un margen de tres a uno. Ello quedó documentado por el conteo independiente de la alianza ADOC en los distritos, que se anticipó a un fraude por parte del gobierno. Para cuando el oficialismo llevó actas falsas a los centros de cómputos, la información brindada por la oposición ya estaba instalada en la sociedad. Observadores internacionales liderados por el Centro Carter, con el propio Jimmy Carter al frente de la misión, y un grupo de observadores designados por el presidente George H. W. Bush corroboraron dicho resultado. Noriega declaró la nulidad de las elecciones por “interferencia extranjera”, pero el presidente electo era Guillermo Endara.
El fraude —bajo la forma de nulidad— fue acompañado por una violenta represión, en general ejecutada por los “Batallones de la Dignidad”, cuerpo paramilitar creado por Noriega en abril de 1988. Las imágenes del presidente electo ensangrentado se propagaron por el mundo. Ello hizo que la crisis política interna pusiera a Noriega en aprietos frente a la comunidad internacional, lo que precipitó la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989. Noriega fue depuesto, capturado y trasladado a Miami para enfrentarse a un tribunal. Endara se juramentó el 20 de diciembre.
Haga el lector fast-forward hasta el 26 de marzo de 2020. Ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra altos funcionarios del chavismo y ofreció recompensas por información útil para su captura. Son 14 en total, con Nicolás Maduro a la cabeza. El expediente detalla la asociación de la dictadura venezolana con el Cartel de los Soles y las FARC disidentes. La imputación por “narcoterrorismo” se radicó en el mismo distrito judicial, en Miami. A su vez, en agosto de 2025, el Departamento de Estado aumentó la recompensa y el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “organización terrorista global”.
Las dos historias no podrían ser más parecidas. Solo que la de Venezuela es más extendida en el tiempo, más criminal y con efectos pronunciados en toda la región. Se ha intentado todo; la protesta social fue respondida con represión; el voto, con fraude; el diálogo, con mala fe; la ayuda internacional, con corrupción. La crisis económica y humanitaria, cuyo origen es anterior a cualquier sanción económica, derivó en el éxodo de un cuarto de los venezolanos.
Esa es la organización terrorista que controla el Estado en Venezuela, que comete crímenes de lesa humanidad en el país y luego los exporta. Venezuela ya está invadida: por la inteligencia cubana, los consejeros militares rusos, los mercenarios de Wagner y los operadores de Hezbollah, además de varios carteles. En Venezuela ya hubo una negociación, fue el 28 de julio de 2024. Eso es una elección, una solución de compromiso y un pacto de gobernabilidad. En Venezuela ya hay un presidente electo legítimo: Edmundo González; Maduro usurpa el poder.
Para Maduro existe la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas de 2005, R2P. Esta postula que la soberanía conlleva la responsabilidad de los Estados de proteger a la población de crímenes atroces y violaciones graves de derechos humanos, y que, en caso de incumplimiento, dicha responsabilidad recae en la comunidad internacional. Así, contempla la posibilidad de usar la fuerza bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. Voto en favor de R2P.
Ya nadie recuerda que George H. W. Bush vulneró la soberanía de Panamá. Hoy Panamá es un Estado confiable, con una democracia robusta y una economía próspera. Pues ocurre que Maduro es Noriega, pero con esteroides. A esta altura, es improbable un repliegue militar de Estados Unidos. Todo escenario de una intervención militar está plagado de incertidumbres. Y solo tenemos una certeza: nada será peor para Venezuela y todo el hemisferio que Maduro y su organización criminal continúen en el poder.