El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dio a conocer este sábado una estrategia con la que pretende frenar el recorte presupuestal en el alto tribunal anunciado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.
Ramelli le envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que respalde la “independencia, autonomía y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Esta no será la primera carta; también se remitirá otra a la Organización de Naciones Unidas y demás organismos que acompañan la implementación del acuerdo de paz.
Ramelli le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acompañe sus alertas y acompañe, en el marco de sus competencias, las exigencias del alto tribunal de paz, así como evitar que “las iniciativas descritas obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
De acuerdo con el presidente de la JEP, “las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional”. Asimismo, indicó que se afectaría la protección de las víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales.
La estrategia de Alejandro Ramelli no cayó muy bien en el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien este domingo le contestó de manera contundente a través de un texto publicado en sus redes sociales.
“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, señaló en primera instancia el jefe de Estado.
De La Espriella fue enfático en asegurar que el hecho de que su Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez.
“El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos”, señaló De La Espriella.
El mandatario recordó que la JEP ha recibido del erario más de tres billones de pesos desde el año 2018, cuando empezó su funcionamiento. Además, recalcó que en 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y, en 2026, opera con cerca de 744.659 millones y para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto le asignó 821.803 millones.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos. Tampoco acepto que se desvíe el foco hacia una acusación política para evadir la pregunta que, como presidente, tengo el deber de formular en nombre del país: ¿qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?“, enfatizó.
“Antes de denunciar una ‘asfixia institucional’, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha”, manifestó el presidente, al recordar que en 2026 la nómina de la entidad se estimó en 404.477 millones de pesos.
De acuerdo con De La Espriella, el propio presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos.
“Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita. Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, señaló el mandatario.
De La Espriella resaltó que, como presidente, “honro a las víctimas”, pero destacó que “cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos”.
“Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos: la que combate la impunidad, protege a las víctimas y resuelve los conflictos reales de la ciudadanía. No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad”, sentenció De La Espriella.
Finalmente, señaló que “no tiene una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe —por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública— como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad”.