La Justicia Especial para la Paz, creada en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, como tribunal para juzgar a las desaparecidas Farc, no pasa por un buen momento. La propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, que pretende trasladar 100.000 millones de pesos con los que funciona la JEP para la Justicia ordinaria, recibió el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. Y, como si fuera poco, de las propias víctimas de la guerrilla.
Varios exsecuestrados no han sido ajenos a la controversia y creen, incluso, que la JEP debe desaparecer.
O, al menos, reducir su presupuesto. Al fin y al cabo, varios de ellos no han sido llamados a declarar y no los han tenido en cuenta a la hora de investigar a quienes fueron sus captores.
Sofía Gaviria, fundadora y presidenta de la Federación de Víctimas de Colombia, dijo que “espera que quien lidera la JEP, en adelante, de resultados honestos para todas las víctimas. Somos más de 225.000 víctimas afiliadas en mi organización, la más grande del país. Y sin embargo, no nos invitan, por ejemplo, a la rendición de cuentas de la JEP que se hizo para justificar su inoperancia”.
Y agregó: “Nos alegra, efectivamente, felicitamos la iniciativa del senador Enrique Gómez. Su aplauso, el apoyo al Gobierno nacional en nombre del presidente Abelardo De La Espriella por el recorte a la JEP. Nos parece oportuno que se fortaleza la justicia ordinaria porque allá es donde debe ir el secretariado de las Farc ya que después de 10 años de concebida y ocho de estar operando, no tiene las suficientes sentencias condenatorias de unos crímenes que no se pueden castigar sembrando lechugas y manteniendo derechos políticos”.
El exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, también reaccionó. “Veo a la JEP muy activa llamando a rendir versión a varios excomandantes de las FARC, justo cuando se discute su multimillonario presupuesto. ¿Será que ahora sí llegó la hora de rendir cuentas? Si la JEP hubiera exigido a nuestros victimarios verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con la misma vehemencia con la que hoy defiende su presupuesto, las víctimas nos habríamos sentido mucho más representadas”.
El exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien estuvo casi siete años secuestrado por las Farc, aseguró que este tribunal se ha convertido convertido en un “monumento a la impunidad”, tras hacer un balance de lo que ha hecho en siete años.
De acuerdo con el exdiputado, durante sus siete años y medio de funcionamiento, la Jurisdicción Especial ha gastado un presupuesto de 4,2 billones de pesos, destinados enteramente a su funcionamiento.
Fue enfático en la magnitud de esta cifra en los gastos de funcionamiento y aseguró que con ese dinero se habrían podido construir 1.000 escuelas o colegios en el país, calculando un costo de 4.200 millones de pesos por cada uno de ellos.
Esta semana, tras la decisión de la Justicia Especial para la Paz de definir el futuro jurídico de Rodrigo Londoño, integrante del secretariado de las Farc, Ingrid Betancourt, destacó: “ Deberíamos hablar del final de una JEP que parece encubrir más que juzgar.