Colombia sigue en medio de una fuerte polémica en torno a la continuidad y el presupuesto que tendría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de 2016 entre el Gobierno nacional y las Farc.
La figura más reciente que entró en esta polémica fue el exdiputado Sigifredo López, quien alzó la voz para denunciar lo que considera un gasto desmedido y una falta de resultados contundentes por parte de esta institución judicial.
López, quien permaneció casi siete años secuestrado por las Farc, aseguró que este tribunal se ha convertido convertido en un “monumento a la impunidad”, tras hacer un balance de lo que ha hecho en siete años.
De acuerdo con el exdiputado, durante sus siete años y medio de funcionamiento, la Jurisdicción Especial ha gastado un presupuesto de 4,2 billones de pesos, destinados enteramente a su funcionamiento.
El exdiputado del Valle Sigifredo López se refirió al papel que ha jugado la JEP durante sus años de funcionamiento y envió un mensaje claro frente al tribunal de justicia transicional. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Edw4xPqRI5
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2026
El político fue enfático en la magnitud de esta cifra en los gastos de funcionamiento, y aseguró que con ese dinero se habrían podido construir 1.000 escuelas o colegios en el país, calculando un costo de 4.200 millones de pesos por cada uno de ellos.
Sin embargo, las críticas no se limitan únicamente al aspecto financiero, sino también a la efectividad que ha tenido la JEP para emitir condenas en medio de los procesos con los vinculados en el conflicto armado colombiano.
López indicó que, en todo su tiempo de operación, la JEP únicamente ha producido cuatro sentencias. “Esas cuatro sentencias es lo que produce un juez penal cualquiera en Colombia en una semana, en dos semanas”, dijo.
Así mismo, denunció que no se ha conocido la verdad en casos emblemáticos, como el de los diputados del Valle, sus compañeros que murieron secuestrados a manos de las Farc y acusó a la institución de “lavarle la cara” a los victimarios y de actuar de manera casi cómplice al emitir sentencias que promueven la impunidad.
El descontento del político también radica en las condiciones de las condenas aplicadas. López detalló que los victimarios no recibieron penas intramurales, sino que, por el contrario, obtuvieron permisos para salir del país.
“No fueron condenas intramurales, les daban permiso para salir del país, algunos de ellos estuvieron 8 años en el Congreso ganando más de 50 millones de pesos, una completa burla a la dignidad de las víctimas”.
Ante este panorama, Sigifredo López hizo un llamado directo a las cerca de 10.239.000 víctimas registradas en Colombia: “Vamos a recoger firmas de respaldo a los congresistas y al gobierno que quieren acabar con esa institución que se ha burlado de las víctimas”.