La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió un contundente llamado este sábado, 19 de septiembre, a las autoridades, medios de comunicación, influenciadores, líderes políticos, entre otros, en el que confirmó que, pese al debate que se ha abierto recientemente, en Colombia “no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad”.
En otras palabras, según la asociación que tiene como propósito fundamental agrupar y representar a las sociedades científicas del área de la salud, en el país no se adelantan procedimientos quirúrgicos para cambiar de sexo a niños, niñas y adolescentes.
“De acuerdo con la evidencia clínica y la práctica asistencial reconocida por nuestras sociedades, en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad. Presentarlo como un hecho comprobado distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional”, se lee en el comunicado.
Las sociedades científicas que suscribieron el pronunciamiento consideraron necesario “aportar rigor, responsabilidad y evidencia a la conversación pública sobre la atención en salud de niñas, niños y adolescentes”.
La controversia reciente alrededor del documental Colombia fábrica de niños trans y de las actuaciones judiciales relacionadas “ha dado lugar a información inexacta y a señalamientos contra profesionales de la salud, circunstancias que no contribuyen a la protección efectiva de la niñez ni a decisiones clínicas y públicas responsables”.
Los especialistas consideraron que “la atención de una niña, niño o adolescente que explora o expresa una identidad de género exige valoración individual, gradual e interdisciplinaria, con consideración de sus necesidades de salud y de su entorno familiar. Debe regirse por la ética profesional, la bioética, el respeto por la dignidad humana, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y la participación informada de las familias o cuidadores cuando corresponda”, añadieron.
Reconocieron que este tema puede suscitar opiniones y posiciones diversas, las cuales deben ser escuchadas con respeto. Sin embargo, a juicio de la asociación, los pronunciamientos públicos, las decisiones institucionales y las iniciativas normativas que incidan en la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes deben fundarse en la evidencia técnico-científica disponible, su evaluación crítica y una deliberación ética cualificada.
“La legítima controversia no justifica la difusión de afirmaciones no verificadas, las generalizaciones, la estigmatización ni el descrédito de pacientes, familias o profesionales de la salud”, precisaron.
Invitaron a autoridades, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanía a acudir a fuentes científicas confiables, a la experiencia clínica pertinente y al marco ético, constitucional y legal aplicable. El propósito del debate —se lee en el comunicado— debe ser proteger el bienestar y el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, prevenir daños y asegurar una atención humana, segura, oportuna y libre de discriminación.
“Queremos expresar nuestro firme respaldo al doctor Mario Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica, quien ha sido víctima de señalamientos en los últimos días. Las discrepancias legítimas deben tramitarse mediante discusión académica seria, revisión de la evidencia y respeto irrestricto por el derecho fundamental al debido proceso de las personas, evitando descalificaciones personales o afirmaciones que desconozcan la autonomía, la formación y la responsabilidad ética de los profesionales de la salud”.
También hicieron una invitación a la Comisión Séptima de la Cámara: “Promover e instalar una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente sobre este tema puntual. Esta mesa deberá integrar al Gobierno Nacional, la Corte Constitucional, al mismo órgano legislativo, quienes, en compañía de las sociedades científicas, expertos en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil y adolescente, representantes de pacientes y familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes, deberán trabajar para crear un marco normativo que legitime de manera definitiva los avances que se han presentado tanto en la Corte Constitucional como en el Ministerio de Salud y Protección Social”.
El Congreso ya entró en la batalla por las terapias de cambio de género en Colombia. Un proyecto de ley así lo contempla.