Una demanda interpuesta por la abogada Ximena Echavarría Cardona, a nombre de la Fundación Dilo Colombia en contra del contrato de pasaportes firmado por la Cancillería y Portugal, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Admitir la demanda que, en causa propia, bajo el medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, promovió Ximena Echavarría Cardona en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia”, dice el documento conocido en exclusiva por SEMANA y fechado el pasado 30 de junio.
Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá aproximadamente un mes para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas o presentar una reconvención.
En el recurso interpuesto por Echavarría inicialmente, la abogada reclama que en el convenio “no se determinó una erogación presupuestal inmediata, dado que su ejecución dependería de etapas posteriores de alistamiento y producción”.
Y que en el documento se indicó que “no se tienen recursos para su ejecución y que cada entidad deberá hacer las asignaciones presupuestales correspondientes en cada vigencia fiscal para formalizar los contratos correspondientes y asegurar la prestación del servicio conforme a las especificaciones técnicas”.
Asimismo, la abogada cuestiona que, en el marco del principio de planeación, no se habría incluido un documento técnico anexo que debía contener las especificaciones detalladas del servicio, los precios estimados y las obligaciones en materia de seguridad y confidencialidad, lo que, según Echavarría, habría generado vacíos en la definición operativa del proyecto.
“Adicionalmente, documentos oficiales emitidos por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores advierten sobre la imposibilidad técnica de la Imprenta Nacional para asumir la producción en los términos y plazos pactados, lo que pone en entredicho la viabilidad del cronograma establecido y el cumplimiento efectivo del convenio”, reclamó la abogada en su demanda.
Y recuerda que la Procuraduría abrió el 30 de julio de 2025 una investigación disciplinaria contra la canciller encargada en ese momento, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de pasaportes. Esta decisión también fue aplicada para la gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia, Alba Liliana León Herrera, y contra Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general de la Cancillería.
SEMANA reveló un informe presentado por la empresa de consultoría Biobank Note, con más de 25 años de experiencia en la industria de billetes y documentos de valor, y contratado por la Fundación Dilo Colombia, que revela que los pasaportes expedidos a partir de ese convenio con Portugal tendrían menor calidad con respecto a los anteriores. Lo anterior, según un detallado análisis técnico y pruebas que se hicieron a múltiples muestras de ambos tipos de libretas.
SEMANA consultó a la Imprenta Nacional para conocer su respuesta sobre este estudio. La gerente general, Viviana León, aseguró que si un documento presenta desprendimiento del estampado, corresponde a un caso puntual y no sería una falta generalizada de los documentos; y que la tinta de efecto OVI no sería una especificación necesaria para la Oaci.
Sobre la página laminada, dijo que el nuevo pasaporte “incorpora una hoja biográfica con una arquitectura distinta a la del modelo anterior” que cumple los estándares internacionales vigentes. Agregó que se trata de “una página de policarbonato combinada con papel de alta seguridad 100 por ciento de algodón ‘híbrida’”. En el caso del dispositivo MLI, afirmó que es una tecnología de hace 25 años y que la numeración invisible, que solo se ve reflejada con filtros UV, fue sustituida por otra tecnología con diferentes niveles de autenticación que, por razones de seguridad, no pueden ser públicas.