El más reciente informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en Colombia persisten graves riesgos para quienes ejercen la labor periodística, en medio de un contexto marcado por violencia, intimidaciones y presiones que afectan la libertad de expresión.
De acuerdo con el capítulo dedicado al país, el escenario de seguridad continúa deteriorándose en varias regiones, especialmente aquellas con fuerte presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.
En estos territorios, la Comisión documentó un incremento de amenazas contra personas que visibilizan violaciones de derechos humanos, lo que incluye a periodistas y comunicadores.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del problema. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Nacional de Amenazas, recibió 442 denuncias durante el año, de las cuales en 406 casos se solicitaron medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección y en 395 se adoptaron medidas preventivas con la Policía.
Además, el Programa Somos Defensores reportó 58 amenazas solo en el primer trimestre de 2025, consolidando este mecanismo como la forma más recurrente de agresión.
El informe también ubica estos hechos dentro de un contexto más amplio de violencia. Entre enero y julio de 2025 se registraron 94 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras que en regiones como Buenaventura se documentaron más de 50 homicidios de jóvenes afrodescendientes en el primer trimestre del año.
Aunque no se especifica cuántos periodistas fueron asesinados, la CIDH advierte que quienes informan sobre estas realidades enfrentan riesgos similares.
En paralelo, la Comisión señala que en varias zonas del país persisten prácticas de control territorial por parte de grupos armados, lo que se traduce en restricciones a la circulación de información y presiones directas contra quienes denuncian abusos. Este entorno propicia fenómenos de autocensura y limita el ejercicio independiente del periodismo.
El documento también recoge casos de hostigamiento y campañas de desprestigio que han derivado en el desplazamiento forzado o la salida del país de personas amenazadas. Estas dinámicas, sumadas a la violencia física, configuran un panorama adverso para la libertad de expresión.
En este contexto, la CIDH reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones efectivas de seguridad para periodistas, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y la presencia de actores ilegales.