Este mes de abril arrancó el nuevo modelo de pasaportes, en el que la responsabilidad de la fabricación y logística pasa a la Imprenta Nacional de Colombia. Si bien el Gobierno nacional ha dicho que no existen riesgos en la puesta en marcha, hay dos acciones legales que ponen en jaque el proceso.
En principio está la demanda de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que pide la suspensión de urgencia del convenio y una acción popular que exige un nuevo proceso con transparencia.
El abogado Víctor Bernal, experto en derecho comercial internacional, presentó una coadyuvancia a la acción popular, planteando varias dudas que persisten y por las que la expedición de los documentos se encuentra en riesgo.
La primera duda radica en la verdadera capacidad de la Imprenta Nacional de Colombia para ejecutar un convenio de pasaportes, dado que por norma no puede expedir documentos de este tipo.
“El Gobierno nacional, so pretexto de la protección de los datos personales de los colombianos, y sin entrar en la nueva controversia respecto del software de las elecciones, ha pretendido quitar al sector privado la posibilidad de producir los pasaportes de los ciudadanos colombianos, dotando de forma irregular a la Imprenta Nacional de Colombia de competencias que, en nuestro criterio, no podía otorgar vía decreto reglamentario“, indicó en el documento.
Segundo, afirmó que se trata de una “tercerización disfrazada”, dado que la responsabilidad del documento recae en la Casa de la Moneda de Portugal.
Y argumentó que no se trata de cooperación internacional, dado que la Casa de la Moneda es una sociedad anónima, “falseando a los privados”.
“Las normas de la Unión Europea señalan que los Estados miembros deben asegurar la cooperación entre entidades públicas exentas del régimen de contratación pública, de modo que no acabe falseando la competencia de los operadores económicos privados. Mediante el convenio suscrito entre el Fondo y la INCM, se excluyó al sector privado, sin motivación alguna, de la posibilidad de competir por la producción y personalización de las libretas de pasaportes y visas”, planteó.
En tercer lugar, manifestó dudas por la importación de maquinaria para la producción autónoma, que estaría prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
“Mientras el Convenio Específico No. 007 de 2026 prevé el inicio de la operación el 1 de abril de 2026, el convenio suscrito con la entidad extranjera tiene una vigencia que se extiende hasta el 31 de marzo de 2036, y el Convenio Interadministrativo Específico No. 002 de 2026 establece que la importación de la maquinaria necesaria para la producción podría prolongarse hasta el 31 de diciembre de 2026. La coexistencia de estos plazos evidencia una planificación operativa fragmentada y carente de certeza sobre el momento real en que el sistema podrá funcionar de manera autónoma”, dijo el abogado.
En conversación con SEMANA, Bernal aseguró que incluso existe una brecha de seguridad en términos de transporte, que no está contemplada en el convenio.
“Vendrán en barco o en avión. Cuando llegan a Colombia, el sistema de transporte no es claro; no han manifestado cómo se va a hacer esa distribución. No se sabe si llegarán a la Cancillería o directamente a la Imprenta Nacional”, manifestó.
Y señaló que la falta de seguridad en el transporte podría llevar al robo de las libretas y, posteriormente, a la falsificación de los documentos, que en Colombia serían personalizados.
Finalmente, el abogado no cree que esté garantizada la expedición sostenida de los documentos desde el 1 de abril.
“Puede pasar que tengamos libretas para el primero de abril, pero la pregunta es cuánto puede durar. Tememos que a los pocos meses se acaben por problemas logísticos. Podrían perderse en el camino o ser robadas”, concluyó.
Pese a esto, el Gobierno nacional asegura que se trata de una transición para que Colombia sea la responsable de producir sus propios documentos y que por ahora se seguirá suministrando el stock de los anteriores productores.