El Congreso de la República quiere sacar a como dé lugar la Ley de Sometimiento con la que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca establecer las reglas para que los grupos armados ilegales se entreguen a la justicia.
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, informó que se citó a sesión plenaria el próximo lunes, 2 de noviembre, que será festivo.
“Citamos a esta fecha porque debíamos respetar los ocho días que exige la ley después de la aprobación en las comisiones primeras. Esta ley es fundamental para el país”, explicó Barguil, quien dijo que la corporación tiene el texto aprobado en las comisiones primeras conjuntas.
Otra de las razones para citar al debate el próximo lunes festivo es que hay plazo de discutir y aprobar el proyecto hasta el miércoles 4 de noviembre. “Estamos contra el tiempo”, reconoció el congresista.
A pesar de la premura de la discusión, Barguil aseguró que se darán todas las garantías para todos los sectores para que puedan debatir el articulado, que sentará las bases del sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales del país.
“Nuestra responsabilidad es actuar con decisión y responderle a Colombia”, afirmó Barguil.
Por su parte, se espera que el Senado pueda debatir la iniciativa este viernes, 30 de octubre, con la particularidad de que no estará presente el ministro del Interior designado, Alejandro Ordóñez, quien aún se encuentra en Washington entregando su cargo como embajador de Colombia ante la OEA.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, y quien está liderando la cartera política mientras Ordóñez se posesiona en el cargo, reiteró que el proyecto no beneficiará a los criminales y que se han ido adelantando las discusiones sobre los artículos en las reuniones que se han adelantado con los congresistas.
El proyecto radicado por el Gobierno nacional busca desmontar la idea de la paz total y que los criminales se puedan entregar a la justicia, así como sus negocios ilícitos y la información relacionada con estos hechos.
En ese sentido, los criminales deberán “comprometerse con el desmantelamiento, la entrega de información sobre los nexos políticos de la organización, líneas de corrupción que atenten contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia y con su tránsito efectivo hacia la legalidad”, dice el proyecto presentado por la Casa de Nariño.
La iniciativa también aclara que “el incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo dará lugar a la revocatoria del tratamiento penal diferenciado y de los beneficios asociados a él, según la valoración judicial correspondiente”.