La Cancillería le salió al paso a la polémica que se ha generado por la creación del consulado de Tijuana, en México, que fue establecido en enero de 2026 mediante un decreto del Gobierno de Gustavo Petro, pero que aún no cuenta con sede.
Según dijeron, estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría para que investiguen si se pudieron presentar irregularidades.
Como cónsul en esa ciudad fue nombrada Maryory Ecinedht Pabón Gavilán, quien previamente había sido designada en el consulado de Calgary, en Canadá, pero fue suspendida del cargo tras una demanda de uno de los sindicatos de la Cancillería.
La organización sindical reclamaba que había funcionarios de carrera diplomática esperando el cargo y que ella no cumplía varios requisitos. Pabón ha devengado salarios como diplomática, a pesar de que aún no cuenta con sede.
Por ello, la Cancillería del Gobierno de Abelardo De La Espriella afirmó este 27 de agosto que ya entregó a las autoridades la información relacionada con el caso y que allí se detallan las gestiones adelantadas por la anterior administración para la selección del inmueble, adecuaciones, entre otros aspectos.
“A la fecha de su elaboración, no se había asignado una partida presupuestal asociada a la apertura de esta sede y solicita a las autoridades competentes adelantar las verificaciones e investigaciones que consideren procedentes para determinar si existe alguna conducta penalmente relevante y, de ser el caso, establecer las responsabilidades individuales correspondientes”, dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aclararon que esta actuación no constituye una imputación anticipada de responsabilidad contra alguna persona en específico, sino que deberán ser las autoridades correspondientes quienes lo establezcan.
De todas maneras, pidieron diferenciar entre una designación administrativa de una autoridad consular y la culminación del proceso necesario para abrir una nueva sede diplomática.
“La existencia de una cónsul designada no significa, por sí misma, que todas las etapas administrativas, presupuestales, contractuales y operativas requeridas para la apertura de una oficina consular hayan culminado”, aclararon.
Desde la Cancillería dijeron que no tienen nada que ocultar y que toda la actuación relacionada con la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.
Además, recordaron que el proceso de apertura de esa sede consular inició antes de la designación de la cónsul y que ese proceso ha involucrado a distintas dependencias de la Cancillería.