El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, encendió una nueva alerta sobre las condiciones de seguridad de cara a las elecciones de 2026.
A través de una carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti, el funcionario advirtió que el deterioro del orden público y la ausencia de garantías institucionales estarían poniendo en riesgo tanto a candidatos como a votantes en distintas regiones del país.
En el documento, fechado el 6 de mayo, Prada sostiene que la expansión de grupos armados ilegales y organizaciones criminales está generando escenarios de intimidación y presión sobre la ciudadanía, afectando la posibilidad de ejercer el voto “en condiciones de libertad, seguridad e integridad”.
La comunicación cita informes recientes de la Misión de Observación Electoral, según los cuales 185 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral y 94 de ellos fueron clasificados en riesgo extremo.
El magistrado señala además que, frente a las elecciones de 2022, hubo un incremento superior al 29 % en el número de territorios con alertas relacionadas con violencia y orden público.
El oficio también retoma datos expuestos por la Defensoría del Pueblo durante la presentación de su informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral. Allí se reportaron 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en medio del ambiente preelectoral, con especial impacto en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Además de la situación de seguridad, Prada cuestionó la inexistencia, hasta ahora, de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, espacios en los que partidos y campañas exponen riesgos y solicitan medidas de protección.
Según el magistrado, la falta de estas instancias limita la capacidad de reacción institucional y aumenta la vulnerabilidad de los derechos políticos de los ciudadanos.
En la carta, el integrante del CNE insiste en que, sin garantías reales de protección e integridad, el proceso electoral corre el riesgo de perder legitimidad ante la ciudadanía.