Mientras el candidato presidencial Iván Cepeda avanza en la recta final de su campaña buscando el último empujón para pasar a la segunda vuelta –una suerte asegurada, según las encuestas–, el despacho de la magistrada Maritza Martínez, del Consejo Nacional Electoral, profundiza en una indagación presidencial que podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el competidor de izquierda. Si pierde las elecciones, responderá como un ciudadano cualquiera. Y si gana, podría repetirse la historia de Gustavo Petro, a quien, tres años y medio después de su gobierno, el CNE confirmó una sanción en contra de su campaña por 3.500 millones de pesos por financiación irregular y violación de topes electorales.
SEMANA conoció apartes del expediente que podría enredar la candidatura de Cepeda por hechos ocurridos en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, cuando se convirtió en el candidato presidencial de la izquierda. Y hay varios temas que ponen en entredicho las actuaciones de los directivos de su campaña y que puso al descubierto Juan Martín Bravo, exconcejal de Cali, quien radicó una queja ante el CNE y habló de presunta financiación irregular y violación de topes de campaña.
En el documento se constató que, entre la relación de contribuciones o donaciones de particulares que registró Cepeda ante el Fondo Nacional de Financiación Política, aparece la empresa Samat Publicidad S. A. S., que donó 609.399.000 pesos. Extrañamente, Javier Antonio Pérez Páez, su representante legal, entregó otros 116.151.000 pesos.
SEMANA tiene en su poder el certificado de la Cámara de Comercio de la empresa de publicidad, que funciona en Barranquilla y tiene un capital de 20 millones. ¿Cómo pudo una empresa pequeña donar a la campaña más de 700 millones de pesos? ¿De dónde obtuvo el dinero? Son algunos de los interrogantes. La Fiscalía y la Dian también investigarán.
SEMANA se contactó con Javier Antonio Pérez Páez y él desmintió que haya donado a la campaña de Cepeda. “No he donado, yo no aporté nada”, respondió.
Pérez –representante de esta empresa que adelanta la impresión y actividad secundaria a la publicidad, productos textiles, confecciones para uso doméstico, comercialización de materiales de construcción, entre otros– ratificó que la cédula que aparece en el certificado es de él, pero no hizo aportes.
“Les vendí y lo hice a través de crédito. El trato consistió en que ellos (el Polo Democrático) me pagarían cuando les entreguen el dinero por la reposición de votos”, explicó.
Cree que hubo un error de la campaña de Cepeda a la hora de reportar los gastos o del CNE cuando publicó la información. “No tengo plata para donar. Tengo mis facturas y las entregué a la campaña”, dijo.
A Javier Antonio Pérez Páez lo contactó el secretario general del Polo Democrático, Antonio Peñalosa. “Llevo trabajando con ese partido más de diez años, pero no participo en política”.
Si Pérez Páez trabajó por más de 600 millones de pesos, ¿por qué aparece en Cuentas Claras como donante? ¿Es una forma de esconder un pago con una donación y reducir la cifra de gastos de la campaña?
Más allá de las preguntas, es casi imposible que los nueve magistrados del CNE tomen una decisión sobre la campaña de Cepeda porque les quedan tres meses y les corresponderá a los nuevos togados que se elegirán con el nuevo Congreso.
En los pasillos del tribunal estiman que, jurídicamente, no pasará nada porque, revisado el informe de ingresos y gastos, “no es posible establecer la posible violación de topes en relación con el 10 por ciento por aportes realizados por particulares, ya que los aportes realizados por Samat Publicidad y el señor Javier Pérez Páez obedecen a créditos por el suministro de propaganda electoral que, para este caso, este tipo de créditos no forman parte del cálculo de dicho tope”.
Asesores del CNE también coincidieron en que no se podría hablar de una posible violación de topes porque, según la Resolución 00200 de 2025, Cepeda “podía invertir hasta 3.040 millones en su campaña y solo reportó 964 millones de gastos”. La última palabra la tendrá la sala plena, que decidirá después de la segunda vuelta presidencial.
Quien sí quedará enredado es el empresario Javier Pérez, porque tendrá que demostrar a la Dian y a la Fiscalía si su empresa tiene el músculo financiero para otorgar un crédito por 725 millones de pesos, teniendo en cuenta que su capital, según la Cámara de Comercio, es de 20 millones. Y más cuando el empresario le confesó a SEMANA que es un hombre sin dinero. ¿Cómo pagó a proveedores? ¿Cómo se financió anticipadamente para financiar a los empleados que trabajaron para Cepeda?