En la noche del pasado 23 de septiembre, en el Congreso de la República se debatió el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2027, cuyo monto es de aproximadamente 634,9 billones de pesos. El proyecto sorteó su primer debate en las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara y obtuvo su aprobación.
Entre las medidas que se aprobaron se encuentra la reducción de los recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, por unos 170.000 millones de pesos. De estos, $100.000 millones serán utilizados para el fortalecimiento de la justicia ordinaria. El recorte contempla $140.000 millones en inversión y $30.000 millones en funcionamiento.
Ahora, el Congreso deberá discutir la medida en plenaria, para lo cual tiene hasta el 20 de octubre según indica la ley.
Dentro del articulado, la justificación para recortar el presupuesto apunta a un “ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia. En todo caso, se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP”, indica.
Durante el debate y luego de la aprobación de la reducción presupuestal, el magistrado de la JEP, Raúl Sánchez, intervino, asegurando una gran preocupación por la decisión que tomó el Legislativo.
Indicó que con la aprobación final, la JEP podría ser sometida a una situación de quiebra, que es una situación nunca antes vista en el país, además de que el recorte traería serias consecuencias para el funcionamiento de la entidad.
El senador Enrique Gómez radicó en las últimas horas un proyecto de Ley con el que buscaría acabar la JEP en 2028 y frenar así cualquier prórroga a su periodo original, que fue definido cuando se suscribió el acuerdo de paz, en el Gobierno Santos en 2026.