En respuesta a un derecho de petición radicado por Simón Molina, representante a la Cámara de Creemos, la Fiscalía reveló el número de personas que fueron beneficiadas con la suspensión de órdenes de captura en medio de las negociaciones de la paz total.
El ente de investigación contó que, por petición de la Casa de Nariño en la era de Gustavo Petro, se autorizó frenar las peticiones de detenciones a 205 hombres y mujeres vinculadas con grupos armados organizados y estructuras armadas de alto impacto.
SEMANA estableció que estos individuos estaban enfilados en las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y las bandas ubicadas en las ciudades de Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Además de la cifra, la Fiscalía confirmó que estos beneficios no se mantienen activos: “Actualmente, no existen personas con suspensión temporal de órdenes de captura vigente derivadas de las designaciones efectuadas dentro de los procesos de diálogo o acercamientos”.
La explicación del ente de investigación es que el Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo De La Espriella, dispuso la terminación de los respectivos espacios y la revocación de la calidad de miembros representantes, desapareciendo así este tipo de beneficios.
En otro apartado del derecho de petición, la Fiscalía manifestó que adoptó decisiones relacionadas con la revocatoria o terminación de suspensiones temporales de órdenes de captura cuando verificó el incumplimiento de los presupuestos legales que la justificaban.
Frente a este escenario, el representante Simón Molina manifestó que la paz total parecía estar al servicio de los bandidos: “Hoy están reactivadas todas las órdenes de captura gracias a la decisión del presidente Abelardo De La Espriella. La fracasada paz total se está desmontando. No más beneficios y garantías para los criminales”.