Capítulo III. Negociación con las Farc: la causa detrás de las causas
Que Fedegán hizo inversiones improvidentes con recursos parafiscales en una empresa en dificultades, que Fedegán no era representativa de los ganaderos colombianos, que no tenía una real estructura democrática, que no incurrió en malos manejos en la administración parafiscal, que el Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, estaba en riesgo de quiebra por haber ingresado al régimen de la Ley 1116 de 2020, que Fedegán lo uno y que Fedegán lo otro.
Era amplio el menú de causas argüidas por el Ministerio de Agricultura para tomar decisiones sucesivas en contra de Fedegán entre 2011 y 2015. Algunas eran simplemente mentiras que se tragó enteras la opinión pública porque, en boca de un ministro, eran la «verdad oficial». Las que dieron lugar a investigaciones de los órganos de control fueron desvirtuadas en su totalidad. La última de ellas, el ingreso del FNG al régimen de la Ley 1116 de 2020 —Ley de Insolvencia— porque estaba en riesgo de quiebra, no solo fue una mentira desvergonzada, sino que fue utilizada como trampa para consumar el atropello.
¿Cuál fue entonces la verdadera causa detrás de estas causas para la galería?
En la misma medida en que firmar un Acuerdo de Paz con las Farc, a como diera lugar, se convirtió en el objetivo central del gobierno Santos, cualquier obstáculo que se atravesara a ese objetivo tenía que ser removido, también, a como diera lugar.
En ese contexto, la decisión del gobierno Santos de negociar con las Farc una agenda que sobrepasaba con creces las condiciones de su desarme y reinserción, y la polarización del país desde que se conoció tal decisión en agosto de 2012, coparon el ambiente político y dividieron a la opinión prácticamente por mitades, como lo demostraron la estrecha victoria reeleccionista en 2014 y los resultados del NO en el plebiscito.
Era entonces inevitable que estos dos factores fueran el telón de fondo del atropello contra Fedegán. Su posición frente a las negociaciones y su caracterización como organización opositora y enemiga de la paz están detrás de la decisión de perseguir abiertamente a la Federación. Como ya lo he mencionado, las normales diferencias entre todo gremio y el gobierno de turno no eran suficientes para explicar tan sistemático atropello.
Fedegán y la negociación: un gremio incómodo
Ser incómodo es la esencia de los gremios, desde que surgieron en la Edad Media como grupos de artesanos que buscaban preservar su actividad a partir de su agrupación organizada por oficios para defenderse frente al poder de las monarquías. Los modernos gremios de la producción de bienes y servicios también nacieron para ser incómodos, y Fedegán no ha sido la excepción.
Nuestra denuncia permanente por la violencia y el abandono rural ha sido incómoda, y también nuestra demanda de seguridad lo ha sido. Nuestra defensa del derecho a la propiedad de la tierra ha incomodado a la izquierda y ha generado no pocos enfrentamientos con los gobiernos de turno.
Nuestra lucha por un precio justo para la leche ha incomodado a la industria y también a más de un ministro. Y fueron incómodas nuestras posiciones en defensa de la ganadería durante las negociaciones de los TLC durante el gobierno de Álvaro Uribe. Fue contundente nuestro rechazo a los funcionarios públicos que cerraron la nefasta negociación láctea con la Unión Europea.
En fin, la defensa respetuosa y en el marco de la ley, pero también vertical de los intereses ganaderos frente a las decisiones de política pública, no tenía por qué desaparecer frente a las del gobierno Santos, no solo de negociar con las Farc, sino de incluir en esa negociación como punto prioritario la política pública para el campo y la producción agropecuaria —la Reforma Rural Integral (RRI)—.
Era una decisión del gobernante que afectaba al campo y a la ganadería, y no se podía pretender que el gremio guardara silencio, o bien, que saliera a apoyarla incondicionalmente, habida cuenta de la feroz y conocida persecución de esa guerrilla contra el gremio ganadero.
Resultaba desconcertante, por decir lo menos, que después de décadas de reclamos legítimos y desde la legitimidad, a riesgo de la libertad y de la vida misma inclusive, todos ellos pidiendo seguridad, respeto a los derechos fundamentales y la debida atención al campo por parte del Estado con su institucionalidad y sus recursos, haya sido, precisamente, la organización que sembró la violencia, que expropió, desplazó, asesinó, secuestró, reclutó menores de edad y violó todos los derechos fundamentales, y con esa violencia narcoterrorista se atravesó sistemáticamente al desarrollo rural, la que, sentada de igual a igual con el Gobierno, pero con la amenaza extorsiva de la violencia bajo la mesa, lograra imponer su ideología en la definición del desarrollo rural colombiano.
Nuestra posición fue siempre la misma: los ganaderos no estamos en contra de la paz, pues fuimos el gremio más afectado por todas las formas de violencia que han azotado al campo, pero considerábamos que las negociaciones debían limitarse a las condiciones de verdad, justicia y reparación, generosas sí, pero apegadas a nuestro Estado de derecho para lograr la reinserción de las Farc y el fin de su violencia narcoterrorista.
Esa posición, que no era ni aislada, ni extrema ni irracional —después se constataría en las urnas del plebiscito que la acompañaba la mitad del país—, terminó enfrentada con las expectativas del Gobierno, que esperaba el apoyo incondicional de los gremios a las negociaciones y, sobre todo, de los gremios agropecuarios a la negociación del primer punto de la agenda.
Desde 2011, cuando entonces sí dimos públicamente nuestro apoyo incondicional a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero Fedegán se permitió hacer observaciones sobre temas tan sustanciales como la inversión de la carga de la prueba para los poseedores de tierra, que terminaron siendo despojadores hasta que no probaran lo contrario, se empezó a generar un ambiente de contradicción y no faltaron los intentos malintencionados de falsear la posición de Fedegán y generar rompimientos con el Gobierno, intentos que, infortunadamente, lograron su cometido.
El clímax del rompimiento con el Gobierno y del inicio oficial de una persecución contra Fedegán, que ya venía caminando desde hacía meses, se produjo con la negativa de asistir al Foro Agropecuario de diciembre de 2012, organizado por la ONU y la Universidad Nacional a pedido de La Habana, para legitimar una negociación ya concluida.
Como siempre, Fedegán fijó su posición y sus argumentos de manera pública y respetuosa, pero el presidente mismo dio la pauta para el inicio del atropello al calificar de «irracional» la decisión de Fedegán. La suerte estaba echada; pasamos de ser gremio apenas «incómodo» a uno declarado «opositor».
Fedegán y la polarización: un gremio opositor
Es un hecho que el país se partió en dos a raíz del inicio de las conversaciones de La Habana. Sin embargo, la razón de tan profunda polarización no fue la decisión misma de negociar con las Farc, que había sido un propósito de todos los gobiernos anteriores, sino el alcance de tales negociaciones y la posición del Gobierno frente a ellas.
El reconocimiento de la existencia de un conflicto interno y no de una amenaza narcoterrorista —premisa inquebrantable del anterior gobierno— no era un asunto meramente retórico y dio lugar al momento cero del distanciamiento, pues derivó en la verificación tácita de la condición de beligerancia de las Farc, aunque estas no aplicaban a tal estatus de acuerdo con el derecho internacional; el Gobierno tampoco lo aceptó formalmente, pero las Farc terminaron obteniendo esa condición y mucho más en las negociaciones.
En efecto, lejos de limitar la negociación a los términos de verdad, justicia transicional y reparación para su reinserción a la sociedad dentro del Estado de derecho, las Farc la condicionaron a la exigencia de ser constituidas en alta parte negociadora para discutir los grandes temas nacionales, como una Reforma Rural Integral, el problema del narcotráfico y, entre otros, un sistema de justicia que garantizaba su impunidad, desbordando los estándares de un régimen transicional para facilitar la reincorporación de un grupo narcoterrorista, aunque aún Santos lo siga defendiendo como paradigma global.
El país sabe del rompimiento que esta decisión de Santos generó con su predecesor, y de la profunda polarización política que conllevó, la cual se expresó en las urnas durante la campaña por la presidencia en 2014 y, posteriormente, en la victoria del NO en el plebiscito de 2016. De otra parte, es igualmente conocida la afinidad del gremio ganadero con el expresidente Uribe, no como un asunto de adhesión a su partido político, sino por el incuestionable impacto de la Seguridad Democrática en la recuperación económica y social del campo y, en nuestro caso, en el cese de la persecución de la guerrilla que, desde la década de los sesenta, había declarado a los ganaderos y sus instituciones como objetivo militar.
Es dentro de ese contexto que Fedegán manifestó pública y respetuosamente sus diferencias con el proceso, mas no como una posición de política partidista —lo reitero—, sino desde la esquina de su posición gremial, por las implicaciones que tendrían las negociaciones para la ganadería y para el sector agropecuario en general, y sobre todo por la ya anunciada exigencia de incluir como primer punto la discusión de una Reforma Rural Integral.
Sin embargo, el país ya respiraba polarización extrema y, desde la perspectiva del Gobierno, que cubrió las negociaciones con la piel de oveja de «la paz», se estaba con la paz o contra ella, que era lo mismo que estar con el Gobierno o en la oposición. En ese entorno fue prácticamente imposible que la posición meramente gremial de Fedegán no fuera entendida como oposición política, en un momento en que, como veremos adelante, desde el Consejo de ministros se venía «envenenando» al presidente contra Fedegán y su dirigencia, sentimiento que tuvo su máxima expresión en la «advertencia» presidencial en el Congreso Ganadero de 2014:
«Entonces, si en estos últimos años, después de mi primera visita como presidente a este Congreso, hubo algún distanciamiento, tengan la seguridad de que no fue con los ganaderos. Fue con la dirigencia. Por algo que yo he considerado siempre muy nocivo. Los gremios no están para hacer política. Los gremios están para tener una comunicación fluida con los gobiernos, para representar a sus agremiados y para encontrarles solución a los problemas. Y si se politizan los gremios, la esencia misma, su razón de ser, se debilita enormemente y todos perdemos (…) Entonces lo que yo le propongo, doctor Lafaurie, es que dejemos la política a un lado y trabajemos juntos con todos los ganaderos».
Siempre me he preguntado qué era, para el presidente, «dejar la política a un lado». ¿Debía limitar mis pronunciamientos públicos exclusivamente a los temas productivos: el crédito agropecuario, la asistencia técnica, las semillas, los abonos, el riego y nada más? ¿No podía, como presidente de Fedegán, pronunciarme sobre los grandes temas nacionales, máxime cuando afectaban al sector rural y a la ganadería, como las negociaciones con las Farc y, específicamente, la Reforma Rural Integral? ¿Era eso «meterse en política», solo porque tales posiciones coincidían con las de un partido de oposición y, de hecho, con las de la mitad de los colombianos en las urnas?
Puede ser inconveniente que un gremio privado adhiera a un candidato o a un partido en particular, pero no es prohibido ni ilegal. No creo, por ejemplo, que la ANDI esté «politizada» porque sus expresidentes hayan entrado y salido a discreción del gobierno Santos.
Aun así, no es el caso de Fedegán. Se equivocaba el presidente y se equivocaban quienes afirmaban que Fedegán se había «politizado». El ministro Iragorri, que en sus declaraciones sobre Fedegán se movió siempre entre la imprecisión y la calumnia, llegó a decir que: «si Fedegán ya no es un gremio sino un movimiento o partido, como lo pretende su presidente, debería inscribirse como tal ante el Consejo Nacional Electoral».
Por supuesto que jamás he tenido tal pretensión. Por el contrario, la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva siempre han manifestado públicamente que, por definición, los gremios no son liberales ni conservadores; ni santistas ni uribistas, ni matriculados en cualquiera de los «ismos» políticos. Pero es indudable que la defensa de los principios fundacionales de Fedegán, que pudimos haber declinado para ser neutrales y no incomodar, incorpora una posición «política» y tiende a identificar al gremio, en este caso, más con una corriente ideológica «de derecha» que con una colectividad política en particular.
También es indudable que todas las acciones del gobernante son «políticas» porque afectan a los gobernados —la polis—, y que estos tienen derecho a manifestarse sobre aquello que los afecta y, en consecuencia, tales manifestaciones son también «políticas». Exigir medidas para la reconversión lechera frente a los TLC (2012) es «político». Apoyar públicamente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, señalando sus disfunciones por corregir (2012), es también «político».
Y, por supuesto, la decisión de no participar en el Foro Agrario exigido por La Habana (2012) y expresar públicamente los motivos es «político». Estar en contra de la reforma rural negociada con las Farc es «político», como también es «político» expresar los temores por el derecho a la propiedad de la tierra que se derivaban de dicha reforma y de las salvedades que nunca fueron resueltas en el Acuerdo Final.
En 2010, con absoluta claridad, hice un pronunciamiento político que incluía el apoyo explícito de Fedegán a la campaña Santos Presidente, mas no por la persona del candidato o por su colectividad, sino porque su propuesta representaba la continuidad de la Seguridad Democrática —aunque fuimos engañados—, y una preocupación que también parecía sincera sobre la recuperación del campo, que, de hecho, fue incluido como una de las locomotoras del desarrollo. En esa ocasión no vi al entonces candidato molesto con mis palabras.
«El problema no es con los ganaderos, sino con su dirigencia» sentenció el presidente, esta vez sí muy molesto, porque «el problema» eran las manifestaciones públicas, políticas y legítimas del presidente de Fedegán contra el alcance de las negociaciones con las Farc y, sobre todo, de la negociación del modelo de desarrollo rural con un grupo narcoterrorista.
La descalificación de la dirigencia de Fedegán fue una intromisión indebida en el entorno de lo privado, que luego remata «invitándome» a trabajar con el Gobierno y a «dejar a un lado la política», es decir, a no expresar diferencias ni defender los principios fundacionales de Fedegán; a estar siempre de acuerdo con el Gobierno.
Era inaceptable ceder a tal advertencia —¿amenaza?— porque es impropio del Gobierno amenazar a los ciudadanos y sus organizaciones. El gremio ganadero, como ningún otro, tenía derecho, a través de sus dirigentes, a pronunciarse frente a un modelo rural diseñado con las Farc para sus intereses de control territorial y político; frente a los riesgos para la propiedad legítima de la tierra que se derivaban de sus exigencias; frente a un régimen de justicia creado con y para las Farc, la organización terrorista que convirtió al ganadero en su enemigo y objetivo militar.
Cuando recuerdo esas palabras, aún me sorprende semejante confesión pública de animadversión por parte de un presidente de la República hacia un colectivo ciudadano: la dirigencia de Fedegán. Y sorprende aún más porque se trataba del presidente que, para entonces, hacía concesiones generosas al grupo subversivo que había asesinado, secuestrado y extorsionado a esa dirigencia y a miles de ganaderos.
Aun así, reiteramos incansablemente que nuestra intención no era hacer oposición política; siempre reivindicamos nuestro derecho al disenso respetuoso, pero la polarización del país frente a las negociaciones con las Farc ya era para entonces extrema y nosotros estábamos del lado contrario, el de los llamados calumniosamente «enemigos de la paz».
Seguimos creyendo en las instituciones y, quizás por eso, no fue fácil asimilar la infidencia del ministro Iragorri a la Junta Directiva de Fedegán el 9 de septiembre de 2014, recién llegado al Ministerio en el segundo mandato de Santos, en unas declaraciones que luego se harían públicas: «Qué problemas tiene el sector: primero, la animadversión política total por la presión del sector al presidente Santos».
¿Presión del sector? ¿Así entendía el presidente nuestras válidas posiciones? Presión la que habían resistido durante años los ganaderos por la violencia de las Farc. Sin embargo, mi antecesor —al momento de escribir este párrafo (junio de 2026)— está en una cárcel, después de haber sobrevivido varios atentados de las Farc; el último de ellos, en enero de 2003, estuvo a punto de causar una tragedia en la sede de Fedegán en Bogotá. Y su predecesor fue asesinado por las Farc.
Los asesinos gozan de buena salud, ocuparon durante ocho años una curul sin votos en el Congreso y ya fueron condenados, solo por una parte de sus crímenes de lesa humanidad, a seis y ocho años de «penas restaurativas», de las que nada se sabe.
Como sea, cuando las infidencias de Iragorri se hicieron públicas en 2016, la animadversión del presidente ya no era ningún secreto; el presidente la había confirmado en el Congreso de Ganaderos en 2014, cuando confesó que tenía un «problema» con la dirigencia de Fedegán y me hizo una inadmisible «advertencia». La expresión práctica de esa animadversión fue el atropello total, ante la indiferencia de la sociedad que se alimenta de la verdad oficial sin digerirla (o bien, prefiere no meterse en problemas).
¿A quién estorbaba Fedegán?
En medio del abuso de poder —un verdadero «régimen», al decir del inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado— comprendí que todas las acusaciones mediáticas contra Fedegán fueron apenas un tinglado de razones aparentes para alimentar a esa opinión desinformada por el Gobierno, que estigmatizaba con facilidad y apuntalaba en los medios tradicionales y en las redes sociales la campaña para deslegitimar al gremio ganadero y a sus posturas en contra de tan espurias negociaciones.
Fueron muchas las acusaciones, todas desestimadas en las instancias competentes; muchos los señalamientos de falta de representatividad y democracia; muchas las medias verdades y mentiras sobre responsabilidades que nunca fueron de Fedegán, sino de una Junta Directiva presidida por el ministro de Agricultura; fueron muchas las especulaciones infames, como la presunta pretensión de Fedegán de convertirse en partido de oposición.
Entonces, ¿qué hubo detrás de tamaña persecución oficial? No tengo dudas. Fedegán empezó a estorbar al Gobierno en su empeño de negociar con las Farc, y a las Farc en sus pretensiones de reinserción ventajosa y de transformación del control territorial que ostentaban bajo el terror de las armas en inmensas zonas rurales, en control político en lo que sería el posconflicto.
No es en vano que las Farc hayan exigido, como primer punto de la agenda y como demostración de su nueva condición de alta parte negociadora, la definición de un nuevo modelo de desarrollo rural, y que el Gobierno lo haya aceptado sin reparos, sin consultas, sin reticencias sobre sus propias líneas rojas trasgredidas.
En ese ya lejano noviembre de 2012, cuando el presidente ratificó que la negociación con las Farc duraría «meses y no años»27, también afirmó que «el modelo económico (…) no está en discusión con las Farc». No obstante, con total menosprecio por la estratégica producción económica agropecuaria y por la vida rural, no tuvo inconveniente en interpretar que el desarrollo rural no hace parte del modelo de desarrollo del país, que había prometido no poner sobre la mesa de La Habana.
Así lo confirmó tiempo después, en septiembre de 2015, en un significativo discurso en la Universidad de Los Andes, cuando, evidenciando otra vez su menosprecio por el sector rural, explicaba: «¿Cuál fue el razonamiento para aceptar ese punto de la agenda? Las Farc necesitaban algo para mostrar y lo que se necesitaba en el campo era lo que Colombia tenía que hacer con o sin Farc» (subrayado fuera de texto)28. . El campo como trofeo, comodín, moneda de cambio, como algo que necesitaban las Farc «para mostrar». Terminando su discurso, el presidente hizo sus reiteraciones sin sonrojarse siquiera, entre ellas la de que «no estamos discutiendo nuestro modelo económico».
En cuanto a la segunda afirmación presidencial, tengo que decir que la comparto plenamente, pero nunca entendí por qué, frente a tan clara convicción sobre «lo que se necesitaba en el campo (…) y Colombia tenía que hacer», su gobierno no empezó a hacerlo desde el comienzo del primer mandato, con voluntad política, con recursos y sin Farc.
Luego vendría lo peor. El país le dijo NO al acuerdo con las Farc en el plebiscito; Santos recibió el Nobel por su traición; la convocatoria de las fuerzas políticas para lograr un «mejor acuerdo posible» terminó en «conejo» a la voluntad popular en las urnas, y el plebiscito mismo fue sustituido, de un tajo, por la refrendación expedita y sumisa por parte de las aceitadas mayorías oficiales en el Congreso.
En ninguno de esos momentos críticos faltó una posición vertical de Fedegán. Por el contrario, durante las negociaciones, frente al Acuerdo Final para una paz que el país no ha visto y, en consecuencia, frente a la violencia que se resiste siquiera a disminuir, por cuenta de las mafias tradicionales del narcotráfico y de las disidencias y reincidencias herederas de los negocios ilícitos de las «extintas Farc», Fedegán nunca ha abandonado ni abandonará su posición crítica frente a las decisiones de política pública que afecten a la ganadería, no solo en los temas fundamentales de la seguridad rural, la defensa de la propiedad privada de la tierra y secular abandono del campo, sino ante las consecuencias de ese abandono, expresadas en las enormes carencias de infraestructura física y social que se atraviesan no solo a la dignidad de la vida rural, sino a la modernización de la producción agropecuaria.
Esa misión de representación ante el Estado y la sociedad es la esencia de la gestión gremial; es su obligación y también su derecho, es nuestro compromiso con los ganaderos colombianos, que seguiremos cumpliendo AUNQUE ESTORBEMOS.
La lección del vecindario: ¿a quién estorbaba Fedenaga?
De la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, se puede decir que, prácticamente, es un gremio gemelo de Fedegán. Nació en el año 1962, un año antes que nuestra Federación, y son también gemelas sus luchas por la seguridad rural, por el respeto al derecho constitucional a la legítima propiedad privada de la tierra y por un modelo de desarrollo que permita la reconversión productiva del sector agropecuario y, por esa vía, el desarrollo económico y social del campo.
Fedenaga, como Fedegán, es un gremio de gremios, que agrupa a cientos de organizaciones de productores en todo el país, creado, como Fedegán, para aglutinar la institucionalidad ganadera en una instancia de mayor representatividad para defender los intereses ganaderos ante la institucionalidad pública y ante la sociedad en general, representatividad nacional e internacional que fue indiscutible durante décadas, hasta el momento en que Fedenaga, como Fedegán, se opuso a grandes decisiones de política pública del Gobierno, es decir, desde que se volvió incómodo y empezó a estorbar al régimen chavista del Socialismo Bolivariano del siglo XXI.
¿Qué sucedió entonces? Fedenaga empezó a ser perseguido por el régimen, le fueron cerradas las puertas de la institucionalidad, empezó a ser deslegitimado mediáticamente, sobre todo por su rechazo a la Ley de Tierras del socialismo y por las expropiaciones masivas que afectaron sustancialmente la producción ganadera. En medio del caos de la dictadura, se llegó a la violencia física a manos de los colectivos chavistas, que, en mayo de 2017, incendiaron y destruyeron totalmente la sede de uno de sus afiliados, la Asociación de Ganaderos del Táchira, Asogata, pocos días después de haberse declarado en emergencia y de convocar un paro de productores.
La campaña de deslegitimación de Fedenaga fue acompañada —como en nuestro caso— del apoyo a nuevos gremios que, a cambio de promesas y prebendas, asumieran la posición de respaldo incondicional al Gobierno. Como ejemplo, en la página web del principal de ellos, la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagan, se hace confesión de ese apoyo total y esa gran distancia con la realidad:
«El presidente de Confagan está convencido de incorporar al mayor número de venezolanos a las actividades productivas. No tiene dudas del promisorio futuro que espera a los empresarios bajo el socialismo del siglo XXI, que promueve junto con el presidente Chávez (…) Según el presidente de Confagan, el socialismo del siglo XXI es una forma de llevarle la felicidad a todo venezolano».
A diferencia del gremio chavista, el presidente de Fedenaga, Carlos Oduardo Albornoz, quien nos contó su historia en el 35.º Congreso Nacional de Ganaderos de 2016, denunció los atropellos del régimen y la desastrosa política agropecuaria y ganadera, que aún hoy tiene a Venezuela como el único país de Latinoamérica que no está libre de fiebre aftosa y con un consumo per cápita de carne que llegó a estar entre tres y seis kilos al año. El resultado fue la persecución sistemática, cuyo último capítulo recayó en el presidente de Fedenaga, con la expropiación —«rescate», le llaman— de una finca en plena producción que para el régimen era tierra «ociosa».
No es comparable, por supuesto, la dictadura comunista de Maduro en Venezuela con el gobierno de Santos en Colombia (de alguna manera «democrático»), pero sí lo es «la estrategia» de Maduro para consolidar el Socialismo del siglo XXI, y de Santos para imponer su Acuerdo con las Farc, que invadió todos los ámbitos de la acción del Estado, en temas estratégicos como la lucha contra el narcotráfico, la justicia y el desarrollo rural.
¿Cuál era esa estrategia? Intervenir no solo las organizaciones políticas, sino las de la sociedad civil con el empresariado en primer lugar, en el marco de una disyuntiva: alineación con las políticas del Gobierno, o persecución y reemplazo. Fedenaga y Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) en Venezuela fueron víctimas de tan dictatorial disyuntiva. Santos quiso replicar la estrategia en Colombia y Fedegán terminó como víctima y símbolo de lo que les podía pasar a los no alineados con el Gobierno.
Muchos gremios guardaron prudente silencio.
Lo de Fedenaga era una lección de lo que ya nos había sucedido en junio de 2016, cuando publiqué una columna de opinión con ese nombre32, y de lo que nos podría suceder en delante.
Ahora bien, siempre me he preguntado si, de haber sospechado siquiera el alcance del Gobierno en su persecución y lo que podría sucederle a Fedegán como consecuencia, algo que, la verdad, no adivinábamos, pues, como lo mencioné inicialmente, semejante persecución era extraña a nuestra tradición democrática y republicana.
¿Habría Fedegán asumido una posición diferente, si no de apoyo entusiasta, cuando menos de silenciosa neutralidad? ¿Habría renunciado a la defensa vertical de sus principios fundacionales?
Me quedo con la proclama de Luther King en su sueño: «No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos. Lo que más me preocupa es el estremecedor silencio de los buenos».
No podíamos callar.