Pedro Rodríguez, miembro del Colegio de Abogados en Derecho Electoral, advierte que el panorama de los delitos electorales en Colombia sigue generando preocupación. A su juicio, aunque el país cuenta con un marco jurídico más robusto y un mayor número de denuncias, las prácticas ilegales que distorsionan la voluntad de los votantes siguen presentes en varias regiones.
Según explica el jurista, el país dio un paso importante con la Ley 1864 de 2017, que incorporó al Código Penal colombiano un catálogo de 16 delitos electorales destinados a proteger la transparencia de los procesos democráticos. Estas conductas contemplan penas que oscilan entre cuatro y ocho años de prisión, lo que significa que no son excarcelables.
Sin embargo, la existencia de la norma no ha sido suficiente para erradicar las prácticas ilegales que históricamente han rodeado las elecciones en varias regiones del país.
Antioquia lidera las denuncias
En lo corrido de 2026, Antioquia aparece como el departamento con más denuncias por delitos electorales, con 68 casos reportados. La conducta más recurrente sigue siendo la corrupción al sufragante, es decir, la compra de votos mediante dinero, promesas de contratos o beneficios administrativos.
Este fenómeno no es nuevo, pero continúa siendo uno de los mecanismos más utilizados para alterar la voluntad del electorado.
“Se considera delito ofrecer dinero, contratos de prestación de servicios o incluso ayudas gubernamentales a cambio del voto”, explica Rodríguez, quien advierte que estas prácticas suelen esconderse detrás de redes organizadas dentro de las campañas políticas.
Bogotá y el problema del “trasteo electoral”
En la capital del país el panorama es diferente. El delito que más se denuncia es el fraude en la inscripción de cédulas, conocido popularmente como “trasteo electoral”.
Esta práctica consiste en registrar votantes en lugares donde no residen para influir en el resultado de las elecciones locales. El fenómeno suele concentrarse en municipios cercanos a las grandes ciudades.
En el caso de Bogotá, el problema se ha detectado especialmente en municipios vecinos como Cota, Chía y Soacha, donde las autoridades han identificado movimientos inusuales de inscripción de votantes.
Uno de los aspectos que más preocupa es que, en la mayoría de los casos judicializados, quienes terminan condenados no son los políticos, sino los intermediarios.
Personas sorprendidas con dinero para comprar votos, cédulas de ciudadanía o material electoral marcado suelen ser las que enfrentan procesos penales. Entre tanto, las estructuras políticas que están detrás de estas prácticas pocas veces reciben sanciones.
Más denuncias: ¿mejores controles o más delitos?
Uno de los datos que más llama la atención en este 2026 es el aumento cercano al ciento por ciento en las denuncias frente a las elecciones de 2022. Este crecimiento puede interpretarse como una señal positiva. Significaría que hay más controles institucionales y una ciudadanía más dispuesta a denunciar irregularidades.
Pero también existe otra lectura: que las prácticas ilegales estén aumentando, lo que reflejaría un deterioro en la calidad del debate electoral en varias regiones del país. De cara a las próximas jornadas electorales, los expertos coinciden en que el panorama exige máxima vigilancia.
El orden público, la presencia de grupos armados ilegales y las prácticas clientelistas históricas siguen siendo factores que pueden afectar la transparencia de los comicios para la elección del nuevo Presidente de la República.
Por eso, una de las principales tareas es la pedagogía electoral con la ciudadanía. Muchas personas aún desconocen qué conductas constituyen delito y terminan participando (a veces sin saberlo) en prácticas ilegales.
“El problema no es solo jurídico, también es cultural”, advierte Rodríguez. “Mientras la ciudadanía no tenga claridad sobre qué prácticas son delito, algunas irregularidades seguirán viéndose como algo normal dentro de la política”.
El reto, entonces, no solo pasa por fortalecer las sanciones penales, sino por construir una cultura democrática en la que el voto sea realmente libre y transparente. En un año electoral clave para el país, esa sigue siendo una de las grandes pruebas para la institucionalidad colombiana.