La Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento independiente, realiza un sondeo mensual a líderes sociales que hacen parte de redes de trabajo de los municipios más afectados por la violencia. Para la medición del mes de marzo, la organización consultó a 260 líderes que viven en 72 municipios del país, quienes expresaron su preocupación por la situación de inseguridad a la que se enfrentan.
De acuerdo con el informe, el 30 % de los encuestados percibieron un deterioro en la seguridad en 2022, si se le compara con el año inmediatamente anterior. El 40 % de los líderes sociales siente que la seguridad bajó durante el mes de marzo en sus municipios.
El indicador de progreso de la seguridad bajó 15 % con respecto a la medición que hizo la FIP en noviembre de 2022, cuando el 27 % de los líderes sociales manifestaron que el plan de choque del presidente Gustavo Petro mejoró la seguridad.
Según el 22 % de los líderes sociales encuestados, el delito que más se presentó en los municipios fue el de homicidio. Le siguen amenaza a personas o líderes sociales (17 %), hurtos (12 %), desplazamientos (11 %), violencia intrafamiliar (11 %), extorsión (10 %), eventos de conflicto armado (10 %), confinamiento (5 %) y delitos sexuales (2 %).
De acuerdo con el sondeo de la FIP, uno de cada cuatro (23 %) de los líderes sociales encuestados fue amenazado durante el último mes. También se registra una caída del 6 % en la percepción de efectividad de la estrategia utilizada por Gustavo Petro para proteger a los líderes sociales, la cual pasó de 30 % a 24 %.
La principal razón de las amenazas fue adelantar alguna acción para defender los intereses de la comunidad, registrada en el 37 % de los líderes que han sido amenazados. Le siguen participar en reuniones públicas (18 %), manifestar su opinión públicamente (17 %), participar en procesos electorales (9 %), reunirse con integrantes de la Fuerza Pública (6 %) y reunirse con autoridades locales (6 %), entre otras (7 %).
Además, el sondeo muestra que la respuesta de las autoridades frente a la inseguridad es insuficiente. El 27 % de los líderes reconoce que las autoridades municipales han realizado reuniones para comunicar políticas y acciones para mejorar la seguridad, pero solo el 55 % aseguró que la reunión cumplió los objetivos.
El 25 % de los líderes, por otro lado, conoció una acción para mejorar la seguridad, pero solo el 53 % considera que estas tuvieron éxito. En medio del panorama, el 30 % es la máxima calificación del desempeño de las autoridades en torno a la seguridad, siendo los gobiernos nacionales, municipales y departamentales los peor calificados.
Muy pocos líderes sociales saben qué ocurre en las negociaciones con grupos armados. Solo el 7 % conoce algún tipo de diálogo entre el Gobierno y estas estructuras. De ellos, el 50 % cree que aportan a la seguridad de los municipios. Frente a los procesos de sometimiento a la justicia, solo el 4 % de los encuestados los conocen y solo el 30 % cree que aporta a la seguridad.
Frente a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, a pesar de los retrasos, se perciben avances en todos los aspectos. Los que más avanzaron fueron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que el 33 % de los líderes sociales reconocen los esfuerzos.
Por otro lado, solo el 14 % de los encuestados reconoce avances en las garantías de seguridad para los líderes, y entrega y formalización de tierras.
Finalmente, 6 de cada 10 líderes sociales aseguran haber hecho parte de los diálogos regionales para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, solo el 28 % de ellos recibió algún tipo de retroalimentación sobre el tema. A pesar de esto, el balance indica que el 61 % de los líderes cree que las necesidades planteadas sí se reflejaron en el proyecto que hoy surte trámite en el Congreso.